La aplicación del arraigo sólo en casos especiales y dejar de utilizar la figura del testigo colaborador como único instrumento de prueba para consignar, fueron algunos de los temas prioritarios de la Procuraduría General de la República (PGR) durante 2015.
Estadísticas de la dependencia revelan que en el presente año el uso del arraigo disminuyó en un 90.36 por ciento, en comparación con 2012, en el cual de acuerdo con las investigaciones esa medida cautelar se aplicó a 861 personas.
Esta reducción responde a un decremento sostenido a partir de 2013, consolidándose en gran porcentaje durante el año que está a punto de terminar, ya que se implementó como política institucional usarlo sólo en casos estrictamente necesarios.
Informes de la Procuraduría General de la República precisan que en 2015 sólo se contabilizaron 83 casos de personas arraigadas, como parte de la estrategia para investigar diversos delitos, lo que representa una disminución considerable.
Con base en esta política instaurada por la PGR se pretende señalar que el arraigo constituye una medida extraordinaria para cuando se han agotado los plazos ordinarios establecidos constitucionalmente.
Además, se considera necesaria la aplicación de esa figura con la finalidad de allegarse de un número mayor y más sólido de elementos para consignar a un presunto responsable.
El pasado 2 de diciembre la dependencia informó a través de un comunicado que el arraigo es una medida cautelar que en las últimas fechas ha sido criticada, tanto a nivel nacional como internacional.
Esto debido a que se afirma que su aplicación sistemática contribuye a lesionar derechos fundamentales de las personas detenidas, lo cual se debe evitar.
Al comparecer ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados el pasado 27 de octubre, la procuradora General de la República, Arely Gómez González, indicó que en años anteriores el arraigo se utilizaba en exceso no siempre con los resultados deseados.
“Por esta razón en la actual gestión no se arraiga para investigar: por lo que esa figura jurídica es la excepción, no la regla”, afirmó ante los legisladores.
Por lo que respecta al uso de la figura del testigo colaborador, informes de la PGR señalan que ha dejado de ser el único instrumento de prueba para consignar, ya que ahora se usa como apoyo a otros medios de prueba.
En este sentido, la titular de la dependencia asevera que en su administración no se procede penalmente en contra de personas con el dicho aislado de un testigo colaborador, el cual hoy se utiliza sólo como apoyo a otros medios de prueba.
Al respecto, José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, afirmó que el uso de testigos colaboradores debe revisarse, ya que en ocasiones desvirtúan sus declaraciones.
“Esas personas normalmente están involucradas en algún delito, por lo cual llegan a declarar lo que les dicen y por esa razón la Procuraduría General de la República debe tomar cartas en el asunto”, aseveró.
CCO Noticias "Corporación Comunicativa Ojeda" 