
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se convertiría en este año que recién inicia en la cuarta entidad fiscalizadora del gobierno, lo que le permitiría ejecutar el cobro directo de las multas que impone.
En entrevista con Notimex, el subprocurador de Verificación del organismo, Salvador Farías Higareda, señaló que tan sólo de cinco años a la fecha hay sin cobrar cuatro mil 500 millones de pesos por concepto de multas impuestas por la Profeco.
En este contexto, informó que el Senado de la República impulsa una propuesta, dentro de la reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor, para que a partir de este año el organismo se convierta en la cuarta entidad fiscalizadora de gobierno, además del SAT, IMSS e Infonavit.
Manifestó que la propuesta de los legisladores permitiría a la Profeco ejecutar el cobro de las multas y no sólo imponerlas.
“Se encuentra en el Senado de la República, dentro de la reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor, una propuesta firmada por varios partidos, en la que se establece que además de ejercer el procedimiento administrativo se ejerza también la ejecución de la multa”, sostuvo.
Farías Higareda explicó que esta es una buena noticia para el país, porque hay cuatro mil 500 millones de pesos que no han cobrado los encargados de las finanzas del país por multas impuestas por el organismo.
A este respecto, subrayó que la instancia a la que le corresponde cobrar las multas es al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Sin embargo, recordó que la Profeco estableció convenios con los distintos estados del país para que éstos fueran los encargados de realizar los cobros de las multas, y los estados a su vez con los municipios, pero algunos no hicieron la tarea que les correspondía.
Puso como ejemplo los casos de los gobiernos del Distrito Federal, el cual ha incumplido con el cobro de mil 780 millones de pesos, y el del estado de México, con 820 millones.
Expuso que en la actualidad el acuerdo es que del cobro de las multas, el gobierno estatal se quede con 98 por ciento y el restante 2.0 por ciento la federación.
En el caso de los municipios, 90 por ciento es para ellos, ocho por ciento para el estado y dos por ciento para la federación.
Farías Higareda indicó que por esa razón los senadores impulsan que la Profeco tenga atribuciones para que cobre esas multas y se genere un círculo virtuoso en favor de los consumidores y de la totalidad de los contribuyentes.
El funcionario federal expuso que en la propuesta se considera que durante el primer año la Profeco se quede con 50 por ciento de las multas cobradas, a fin de reforzar la infraestructura del área de cobro, y el restante 50 por ciento la federación.
Posteriormente, agregó, se firmaría un convenio con el SAT, con el objetivo de establecer el destino de las multas, “para evitar que se vuelva un instrumento perverso por parte de la Profeco”.
En este contexto, Farías Higareda dijo que hoy la Profeco es la entidad del gobierno que más aplica sanciones, “por eso tenemos nueve mil juicios de nulidad en el tribunal fiscal de la federación. Somos el quinto proveedor de juicios de nulidad ante el tribunal fiscal”.
Es decir, se lleva a cabo el litigio y cuando se gana, de todas maneras no hay quién cobre las multas. “Esa es una de las grandes fallas que los senadores detectaron y por eso la propuesta”, concluyó.

