El senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Armando Ríos Piter propuso reformas constitucionales para fortalecer a las instituciones de procuración de justicia contra la corrupción y la impunidad.
En un comunicado, señaló que el propósito es “combatir eficazmente la corrupción, disminuir la desigualdad y poner un alto a la impunidad en el país”.
La iniciativa propone reformar los artículos 94, 95 Y 101 constitucionales en materia de independencia del Poder Judicial, a fin de establecer un sistema de pesos y contrapesos respecto a los momentos en que los magistrados electorales y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación asumen y dejan el cargo.
En el documento, que fue turnado para su análisis y dictaminación a las comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, el senador afirmó que la única fórmula para evitar que los jueces no se dobleguen ante los otros poderes o grupos de interés es establecer determinados candados normativos.
Es decir, con relación a los sueldos, inamovilidad y retiro de los jueces, pues “el quid del asunto es intentar asegurar que los jueces tengan la libertad de elegir, sin sesgos políticos o económicos, la que consideren es la mejor solución jurídica posible para el caso que están resolviendo”, señaló.
Ríos Piter reconoció que si bien en el caso mexicano se ha establecido un marco constitucional que garantiza el sueldo y la inamovilidad de los ministros y magistrados electorales en forma estricta, “las cuestiones que tienen que ver con su retiro o futuro desarrollo profesional son en extremo permisivas”.
La propuesta busca en primer lugar ampliar las restricciones para acceder al cargo de ministro de la SCJN, al pasar de uno a cinco años el tiempo que tiene que haber transcurrido después de que un candidato a ministro haya dejado su último puesto.
Además, plantea ampliar el catálogo de cargos incompatibles a subsecretarios de Estado, al Consejero Jurídico del Gobierno, a los integrantes de la Oficina de la Presidencia de la República, a los magistrados electorales.
También al secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; al secretario ejecutivo y los consejeros electorales del INE; dirigentes de algún partido político, o candidato a algún cargo de elección popular.
Ríos Piter propuso establecer restricciones posteriores al retiro, pues el sistema actual es un mecanismo de control adecuado para la mayoría de los juzgadores.
“Por ello proponemos que al momento de su retiro, los ministros de la Suprema Corte queden impedidos de manera definitiva para litigar ante juzgados federales, impedimento que se hace extensivo a los despachos a los que pertenezcan”, agregó.
También quedarían impedidos de manera definitiva para ocupar alguno de los cargos señalados anteriormente; y de incumplir con estas condiciones, será sancionable con la revocación definitiva del haber por retiro y la reintegración a la hacienda pública de los ingresos recibidos desde que se actualizó el impedimento, concluyó.
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