Por Norberto DE AQUINO
El presidente de la República se ha visto obligado a reconocer que en Guerrero existe un muy serio problema de seguridad. Y arrinconado por la realidad acepta que para resolver esa situación se requiere algo más que retórica. Y con esta actitud presidencial, queda claro que tres años después de iniciado el actual gobierno, la estrategia de combate a la inseguridad simplemente no ha avanzado.
Desde la campaña presidencial, el grupo en el poder, el mismo que aseguró que “sabía como hacerlo”, convirtió el tema de la seguridad en parte fundamental de su acción al momento de convertirse en gobierno. Y prometieron más inteligencia y menos violencia, a fin de distanciarse de las decisiones que en el gobierno de Felipe Calderón se habían tomado.
A tres años de iniciada la gestión, el resultado es obvio: la violencia se mantiene y abarca enormes partes del territorio nacional. Y la estrategia oficial simplemente no ha funcionado, en el caso de que haya existido.
Ahora, el tema es Guerrero, entidad en la que con el arranca del nuevo gobierno estatal se ha recrudecido el problema. Esta es una de las entidades más violentas y Acapulco es la ciudad más violenta en el país, que es ya, mucho decir.
Ante ello, el presidente habla de enfrentar el problema con acciones de fondo. Pero es la misma receta de los últimos tiempos.
Ayotzinapa-Iguala es parte de esta problemática. Y la inteligencia no ha servido para resolver el caso de la desaparición de los normalistas. Y la retórica de la verdad histórica se ha venido por tierra de manera estrepitosa. Y esa retórica fue puesta en circulación por el gobierno que hoy quiere acabar con ella.
Del mismo modo, habría que recordar aquella visita presidencial a la zona de Iguala en 2014, en la que se anunció el proyecto Nuevo Guerrero, según el cual habría una inversión tal que se llevaría al estado a un nivel superior de desarrollo que en mucho ayudaría a combatir el problema de la pobreza y por supuesto el de la violencia.
Y nada pasó.
Igualmente, no se puede olvidar que el gran proyecto social del gobierno conocido como “cruzada contra el hambre”, tuvo en Guerrero uno de sus objetivos más importantes. Es más, esta entidad fue plataforma para el relanzamiento del programa que en aquellos años era el consentido del gobierno. Y nada se avanzó.
Se puede, como ejemplo, recordar que en Tamaulipas, ante la ola de violencia que sacudía, y sacude, al estado, se puso en marcha un gran proyecto de combate a la inseguridad. El estado se dividió en cuatro zonas y para cada una de ellas se nombró un encargado. Uno de estos encargados fue asesinado en pocas semanas. Y la violencia en el estado no disminuye.
Así, Guerrero pasa a ser ahora, el blanco de las preocupaciones del gobierno. Pero hay dudas que se tendrían que aclarar para entender mejor el objetivo que se persigue.
Primero, es imposible olvidar que Angel Aguirre recibió del equipo de Enrique Peña Nieto, primero apoyo para ser candidato por el PRD al gobierno de Guerrero y después, ya como presidente uno y como gobernador el otro, respaldo político y económico.
A querer o no, el apoyo brindado por el gobierno federal a Guerrero y a su gobernador, se tradujo en la descomposición política y social en la entidad que, si bien no se inició con el señor Aguirre, si avanzó con mayor rapidez.
El tráfico de drogas que tiene a la zona de Iguala como eje, no se combatió. A menos no de una manera adecuada. Y el problema alcanzó con los normalistas un nivel extraordinario.
Ahora, con la ola de asesinatos que se ha registrado en el estado, el gobierno señala que se requiere para combatir el problema, algo más que retórica.
Y ello es cierto. El problema es que es el propio gobierno el que ha puesto la retórica en juego. Se habla de planes, inversiones y programas, Pero al paso del tiempo todo queda igual, con el agravante de la que la violencia y la inseguridad se multiplican.
Quizá, para demostrar que ahora las cosas serán diferentes, se podría dar un paso al frente. Y tal vez, con decisión, enfrentar el problema de la corrupción. Esa que permea en el sector público. Y que va mucho más allá de los simples policías y funcionarios de menor nivel.
De lo contrario, guste o no, estaremos ante un nuevo capítulo de la retórica. Algo que por lo demás, es de sobra conocido por los mexicanos.

