PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

Para nadie es un secreto que uno de los grandes problemas para el presidente Enrique Peña Nieto es el de la comunicación. De manera constante y tenas, el primer mandatario tropieza con dificultades para que sus mensajes sean entendidos de la manera en que él quiere que se comprendan. Y en Davos nos ha dado una nueva muestra de los niveles de incomunicación en que el gobierno federal puede entramparse.

En una plática de esas que en el foro económico se multiplican de una u otra forma, el presidente Peña le dijo al escritor venezolano Moisés Naím que había dado instrucciones a las autoridades para que se agilizara al máximo, la extradición de Joaquín Guzmán Loaera, mejor conocido como el “chapo”.

Y esto podría quedarse en el viejo debate de si podemos o no, enjuiciar a un delincuente del nivel del citado narcotraficante, si no fuera por los dichos del propio gobierno, sobre el mismo tema, en ocasiones anteriores.

Y es difícil aceptar un cambio radical en las posiciones, sin que antes se brinde una explicación a fondo del motivo por el cual se modifican las posturas.

Como es de todos sabido, fue el peñismo el que capturó, al “chapo” después de su fuga en el gobierno de Vicente Fox. Captura que por supuesto, fue festinada como muestra de la eficacia en el combate contra la delincuencia organizada que se tendría en la administración del mexiquense.

Hace casi un año, el 27 de enero del 2015, el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, habló del tema de la posible extradición. Y fue por demás claro y contundente en sus respuestas.

En una posición que no admitía interpretaciones, dijo que antes de extraditarlo, Guzmán Loaera tendría que pagar sus condenas en México. Después de ello, “en unos 300 o 400 años lo enviaremos a Estados Unidos”, dijo.

El procurador, cargo que antes de esta administración se conocía como el del abogado de la Nación, estableció que el de mantener al chapo en México era una cuestión de soberanía y recordó que “extraditarlo es apropiado cuando existen cuestiones de seguridad que lo ameriten o por el peligro de fuga que, añadió, no existe”.

Ahora, el presidente de la República anuncia que ha girado instrucciones para que la extradición se acelere. Pero no ha explicado las razones para ello.

Si hace un año el tema tenía que analizarse desde el punto de la soberanía, ¿qué ha cambiado desde entonces? ¿Ya no se trata de soberanía o ésta ya no es tan importante?

Del mismo modo, si hace un año Murillo Karam planteó “cuestiones de seguridad” como elemento a considerar para una posible extradición ¿tenemos que entender que ahora ese es el cimiento de la decisión de enviar a Guzmán Loaera a Estados Unidos? ¿cuáles son las “cuestiones de seguridad” que ahora llevan al gobierno de México que hace un año no quería, a acelerar el proceso para extraditar al delincuente?

Del mismo modo, el otro argumento que Murillo planteó como argumento para una extradición fue el de una fuga que, dijo “no existe”.

Ahora se tiene que entender que es riesgo sí se toma en cuenta. Esto es, ¿el gobierno supone que es posible una tercera fuga a pesar de todas las medidas de seguridad que se han tomado?

El año pasado, el propio presidente Peña enfatizó que sería imperdonable que el “chapo” se fugara. Y se fugó. Ahora, se acelera el proceso para enviarlo a Estados Unidos ¿debido a que se teme una tercera fuga?

Sin una explicación sobre los dichos del procurador hace un año y las diferencias con las decisiones actuales, la especulación queda abierto. Y la prueba de que el gobierno no sabe lo que es la comunicación está a la vista.

Murillo como procurador, habló a nombre del presidente. Ahora el presidente cambia la postura del gobierno, pero no explica las causas ni los objetivos.

Y ello, guste o no, lo que logra es poner al gobierno en el peor de los mundos posibles, ya que el cambio de decisión ubica al peñismo entre la soberbia y la incapacidad, para no hablar del miedo y la corrupción.