PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

La descomposición político social en Veracruz llegó ya a niveles alarmantes. Y ante ello, el gobierno federal ha decidido abandonar la idea del “no pasa nada” para asumir los riesgos de un control de daños tardío, pero evidentemente impostergable.

Pero el problema no es tan sencillo. La situación en Veracruz tiene en la crisis política provocada por el gobernador Javier Duarte, buena parte de su cimiento. Y ello no se resolverá sólo con la decisión de enviar fuerzas federales a las zonas más complicadas de la entidad.

La desaparición forzada de cinco jóvenes en la zona de Tierra Blanca, a manos de la policía del estado, ha provocado el nerviosismo creciente en el gobierno federal. El riesgo de tener una variante de Ayoztinapa al estilo veracruzano es muy grande. Y los costos son fácilmente imaginables. Pero existe otro ingrediente que provoca una preocupación mayor: la cercanía de las elecciones para gobernador.

Dicho de otra manera, el peor momento para que la descomposición político social del estado se acelerará es el actual. La desaparición de los jóvenes que habían seleccionado a Veracruz para vacacionar, se ha convertido en un punto de quiebre para muchas cosas.

Y en todas ellas aparece la figura del gobernador como eje fundamental. Su soberbia, su afán de colocar sucesor, sus ataques a los priistas que no se disciplinaron, su traición a quienes le apoyaron y su desmedido intento por convertirse en un “líder político” que no será nunca, dieron vida a un colapso político que nadie quiso enfrentar en el “centro”

Así, al llegar el momento de seleccionar candidato en el PRI para la contienda por la gubernatura, Javier Duarte decidió buscar que un incondicional fuera el candidato. Y para ello, simplemente optó por atacar a quienes pudieran aspirar a la nominación. Y públicamente se dedicó a confrontarse con los “posibles” que o respondían a sus ambiciones. Esto es, chocó con la mayoría de los priistas.

Al mismo tiempo, el tema de la seguridad se había descompuesto de manera evidente. La inseguridad en el estado se convirtió en algo imposible de negar. Y las irregularidades en el manejo de las finanzas públicas pasó a ser comentario en todos los niveles.

Pero nadie enfrentó el reto Y Duarte mantuvo su confrontación con el PRI, al que buscó limitar para que no participará en la selección del candidato al gobierno local.

Las manifestaciones de los pensionados por la falta de pago prendieron las alertas. Los votos estaban en riesgo. Se impuso a un candidato totalmente ajeno a Duarte para enviar señales de que las cosas tendrían que cambiar y que el PRI quería poner fin a la descomposición.

Sin embargo, la desaparición de los jóvenes ocurrida en Tierra Blanca puso en claro que en Veracruz la problemática política es mucho más seria de lo que se quiere aceptar.

El que la policía local esté a servicio de la delincuencia organizada es la demostración de que el discurso federal sobre la mejoría de los cuerpos policiacos no pasa de las palabras. Queda claro que no hay una estrategia real para enfrentar a la delincuencia organizada. Y que, se acepte o no, los gobernadores se

mantienen como señores absolutos en sus entidades y que los cargos en cada entidad responden a los intereses del grupo en el poder y no a las necesidades de la sociedad.

Tener una policía ligada a la delincuencia pone en claro que en Veracruz no se tenía un compromiso claro con la seguridad, sino que se mantenía una liga de “negocios” con grupos de esa delincuencia organizada que en todas partes existe y que nadie reconoce.

Así, enviar fuerzas federales a Veracruz puede ser una señal de preocupación. Pero difícilmente será una solución a la problemática existente.

Y no lo será por la simple y sencilla razón de que la inmensa mayoría de los problemas existentes en la entidad se originan en el gobierno. Esto es, el problema sale de las oficinas del gobernador. Y ello requiere de determinaciones que van mucho más allá de poner más policías en las calles.