norberto-de-aquino4Por Norberto DE AQUINO

 

De acuerdo con el titular de Hacienda, Luis Videgaray, el gobierno tiene planes para lanzar un programa de rescate para PEMEX. Y a querer o no, de nueva cuenta la administración de Enrique Peña Nieto deja ver sus grandes contradicciones. Y por supuesto, su ya tradicional incapacidad para comunicar.

Un plan para capitalizar la empresa petrolera mexicana significa, en buen romance, que los grandes proyectos hechos por el gobierno no han funcionado. Y que todo lo que se dijo vendría con la reforma energética se encuentra, en el mejor de los casos, fuera del alcance de esta administración.

Habría para entender mejor lo que sucede, recordar la euforia con la que en el 2013, el gobierno federal se lanzó en pos de las reformas estructurales. Y no perder de vista las grandes expectativas que se crearon para una vez que dichos cambios fueran aprobados.

De entrada, el propio presidente de la República abanderó la necesidad de las reformas. Y en el caso de la energética, dijo que el país ganaba, que no privatizaba y que se lograrían empleos, inversiones, baja en tarifas y precios ligados al sector y un fuerte impulso para el PIB.

Bajo el cobijo del Pacto por México, que hoy cobra a costa de los oaxaqueños, una de las facturas políticas pendientes, los partidos políticos negociaron con el gobierno. Unos para tener una reforma electoral que resultó un desastre, otros para proyectos que hoy en el otrora Distrito Federal quieren venderse como avances democráticos, cuando no son más que la nueva fórmula para consolidar posiciones partidistas y personales.

Pero el gobierno federal tenía la “joya de la corona”. Se abriría el sector energético al capital privado. Vendrían los impactos económicos y la consolidación política del priismo.

Los estrategas de la reforma se negaron a ver otras opciones. Rechazaron los argumentos en contra. Y decidieron abrir las puertas del petróleo de par en par. Negando la obvia privatización, afirmaban tener todo bajo control.

Sin embargo, se negaron también a poner atención a la batalla que se iniciaba en torno al petróleo de bajo costo y el gas que ponía frente a frente a los capitales y gobierno estadounidense, con los productores +árabes. El choque avanzó de manera lenta, pero con firmeza, hasta alcanzar el nivel que hoy todos conocemos.

Y más allá de la obvia problemática provocada por la economía china, es obvio que en México se planeó sobre una idea, más que sobre una realidad. Y las consecuencias las pagamos en estos momentos.

Y son fáciles de identificar los efectos, gracias a las acciones de propio gobierno.

La Secretaría de Hacienda que siempre se negó a poner atención sobre las necesidades de reestructurar PEMEX, ahora, sin los recursos provenientes del petróleo, intenta un plan de salvamento para una empresa que enfrenta una larga serie de retos, sin tener los medios para salir adelante.

Y la pregunta obligada es ¿en dónde están todos los beneficios que se prometieron una vez que la reforma energética fuera aprobada?

La realidad dice que el proyecto no avanzó. Y ahora, el discurso es simplemente modificado.

Los que en el momento en el que se luchaba por la reforma tenía carácter de beneficio inmediato, hoy se contempla como algo que llegará en el futuro. Al final del sexenio y apenas como parte del todo. Será hasta el 2020 y el 2025 cuando las reformas arrojen los resultados prometidos a plenitud.

El empleo mejorará. Pero no ahora. Habrá impulso en el crecimiento. Pero no ahora. En estos momentos lo que se requiere es resolver la crisis de la empresa a la que se le negó el apoyo al inicio del sexenio. Apoyo ahora que es más barato tener el petróleo en el suelo que ponerlo a la venta. Ahora que el mercado se encuentra deprimido.

Habrá mejoría en los precios. Pero no solucionará la crisis. Ahora lo que se requiere es invertir capital en PEMEX. Capital que no se tiene. Y por lo tanto, habrá que recortar personal. Esto es, poner en el desempleo a miles de mexicanos sólo en lo que a la paraestatal se refiere.

En otras palabras, el país pasa de las grandes y desmesuradas promesas de arribo de inversiones y creación de empleos, a la necesidad de regresar a las políticas de estado, capitalizar empresas y despedir trabajadores.

Los primeros beneficios de las reformas.