PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

El inicio del año no significó para Guerrero un nuevo escenario. Por el contrario, la violencia se recrudeció y enero pasó a ser uno de los meses más violento, sino es que el más violento, desde que la presencia de la delincuencia organizada se convirtió en el problema más serio en la entidad.

Con 147 muertos, buena parte de ellos producto de asesinatos masivos, enero demostró que en Guerrero las acciones de los gobiernos local y federal están totalmente lejos de ser una solución. Ni siquiera pueden considerarse un paliativo. La situación es tal, que el sector privado en la entidad anunció ya, su decisión de recurrir a medidas extremas, como armar a su personal y por supuesto, contratar elementos de vigilancia. En pocas palabras, la incapacidad oficial abrió las puertas a un nuevo capítulo de la guerra sucia.

Pero el problema en este caso no es ni con mucho, el número de muertes, que claro está, no deja de ser preocupante para todos.

El tema, se reconozca o no, no puede limitarse al caso Guerrero. El tema es el constante fracaso del gobierno federal en su lucha frente a la violencia y la delincuencia organizada.

Al inicio del sexenio, las autoridades se lanzaron a una lucha “diferente” para controlar la violencia. Se cambiaron los patrones sobre los que se medirían los avances y se destacó el uso de la “inteligencia” para consolidar el éxito.

Pero el resultado fue inexistente. El número de muertos se mantuvo. Los promedios fueron los mismos a los registrados en la pasada administración. Los avances no sólo no existían, sino que ahora, gracias a eventos como Tlatlaya o Ayotzinapa, las fuerzas armadas y las policías quedaron atrapadas en el problema. Y pasaron a ser parte del reto, más que una solución.

Ante la presión que el combate a la delincuencia se pasó a un nivel diferente. Y en Michoacán se experimentó con grandes programas y aún más grandes promesas. Es sencillo recordar al titular de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, en una reunión con representantes de todos los sectores del estado, para anunciar el gran acurdo para la pacificación de la entidad.

Y los resultados no llegaron, lo que obligó a violentar todo el marco político legal, para dar vida a una lucha entre delincuentes, parte de los cuales tenían el apoyo oficial y las armas necesarias para su labor.

Ahora, Michoacán tiene un grupo violento en control del estado, pero los enemigos iniciales han sido puestos fuera de combate. La ilegalidad como instrumento de lucha contra la delincuencia. Y la paz, digan lo que digan, es más aparente que real.

Del mismo modo, en Tamaulipas se puso en marcha otro gran plan para acabar con la inseguridad. Grandes eventos encabezados por el Secretario de Gobernación, fuertes discursos y promesas sin fin. Y nulos resultados.

El estado fue dividido en cuatro zonas. Al frente de cada una de ellas se colocó a un encargado. Y se prometió pacificar a la entidad. Al poco tiempo, uno de los jefes de zona fue asesinado. Y Tamaulipas sigue sumido en la violencia y la inseguridad.

Ahora es el caso de Guerrero. Apeas en diciembre pasado, en los primeros días del año, el señor Osorio Chong se presentó en Gurrero para anunciar planes para recuperar la seguridad en el Estado. Compromisos claros en los discursos, pero fracasos evidentes en la realidad. Despliegue más rápido de fuerzas militares y policiacas. Pero una violencia creciente.

Ante el fracaso constante, parece obvio que la estrategia seguida no funciona. Y que parece obligado el cambio de estrategia.

En tanto no se combata el lavado de dinero y no se persiga a quienes desde las trincheras políticas y económicas dan apoyo a los narcotraficantes, el problema no se resolverá. Esto es un “negocio” y por lo tanto lo que se tiene que controlar es el dinero. Atrapar “capos” nada resuelve. Crea imagen por un momento, pero no conduce a la solución real.

Si el compromiso fue aplicar la inteligencia, ¿no es el momento de cumplir con esa promesa?

Gastar dinero y desgastar a las fuerzas armadas y a las policías, no resolverá nada. Y si acabará con el poco capital político que aún le queda al gobierno.