norberto-de-aquino4Por Norberto DE AQUINO

El caso de los normalistas de Ayotzinapa se ha convertido en un verdadero pantano político para el gobierno de Enrique Peña Nieto. Los movimientos que se han intentado para resolver el problema no sólo no han servido para aliviar la presión sobre la administración federal, sino que han provocado una mayor y muy seria, pérdida de credibilidad.

El gobierno peñista se ha entrampado en el terreno de la seguridad y la justicia Todo inició con el caso Tlatlaya, al que se sumaron los de Apatzingán y por supuesto, el de los normalistas desaparecidos en Iguala.

La lentitud política con la que el gobierno enfrentó todos los casos fue descomunal. Pero el daño verdadero fue el intento de cubrir los hechos incluso con verdades a medias o mentiras abiertas.

En el caso de los normalistas, el gobierno fue más que lento, irresponsable en su respuesta. Y cuando enfrento los hechos, la situación había rebasado los diques oficiales. Y a partir de ese momento, el gobierno fue atrapado por la realidad.

Las críticas internacionales fueron despiadadas. Y otra vez, la respuesta oficial fue la lentitud. Y la PGR se convirtió más que en un aliado, en un problema.

Llegaron los expertos forenses argentinos. Y cuestionaron los argumentos de la Procuraduría. Y se desató en contra de los expertos una campaña de desprestigio. Llegaron los expertos independientes de la CIDH y cuestionó las posiciones oficiales. Y de nueva cuenta, apareció la campaña que buscaba desprestigiarlos.

Las respuestas externas fueron contundentes. La ONU habló de que se quería matar al mensajero, en vez de resolver el problema. Y no se entendió. Hablaron mujeres ganadoras del Nobel de la Paz, y no se entendió el mensaje.

Ahora, los expertos argentinos se suman a la posición de los expertos de la CIDH. Los normalistas no fueron incinerados en el basurero de Cocula. La verdad histórica destrozada por analistas internacionales. Y el gobierno federal colocado contra las cuerdas.

Esto a querer o no, tiene que sumarse a la presión para que el Papa acepte reunirse con los padres de los 43 normalistas desaparecidos, algo que al gobierno mexicano no sólo no le gusta, sino que le preocupa y mucho.

En por demás sencillo imaginar el golpe que para el gobierno peñista significaría el hecho de que el Sumo Pontífice recibiera, aún cuando fuera por uso minutos, a los padres de los normalistas desaparecidos hace más de un año .

La gravedad del asunto es fácil de adivinar. El gobierno no supo enfrentar un hecho de extrema gravedad. Y cuando lo intentó, presentó pruebas que ahora han sido totalmente cuestionadas. Al desmoronarse la verdad histórica defendida por el gobierno, lo que queda en las manos es el hecho de

que o existe una enorme incapacidad en el aparato de justicia, o se tiene en las manos un problema de corrupción muy serio. Y la posibilidad de que ambos casos sea la verdad, es más que preocupante.

El gobierno entonces, lo que busca es primero, evitar que el Papa se reúna con los padres de los desaparecidos. Después, encontrar una fórmula para mantener viva su verdad. Y finalmente, lograr que el tiempo le da salida a la presión.

El problema sin embargo, es que a la desaparición de los normalistas, se tiene que sumar la mentira sobre los hechos de Tlatlaya. La muerte de una veintena de supuestos delincuentes a manos del ejército se quiso ocultar bajo el argumento de un enfrentamiento. Cuando se evidenció la ejecución, todo el uso de la fuerza por parte del gobierno perdió legitimidad. Algo muy grave para cualquier gobierno.

Lo mismo sucedió en Apatzingán. La versión oficial perdió la batalla con la realidad. Y otra vez, las ejecuciones por parte de la fuerza pública hicieron su aparición. Y queda el caso Tanhuato. Y la impresionante cifra de fosas clandestinas. Y la violencia creciente.

Los frentes de batalla para el gobierno están abierto. Pero Ayotzinapa es ya un pantano político en el que pueden perderse la poca credibilidad que le queda al gobierno, y buen parte de las ambiciones políticas que existen en el grupo en el poder.