Senadores priistas solicitaron a las autoridades financieras y fiscales establecer un plan integral que permita combatir el robo de identidad, que en los últimos años se ha convertido en uno de los delitos que más ha aumentado a nivel mundial con el desarrollo de las nuevas tecnologías.
El senador Arturo Zamora Jiménez adelantó también que se prevé analizar y avalar en el actual periodo de sesiones un paquete de reformas en materia de datos personales y archivos públicos, para complementar el marco legal en transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas de los funcionarios de cualquier nivel.
En entrevista, destacó la aprobación de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que obliga a todas las instancias de gobierno, partidos, federaciones deportivas e incluso sindicatos y empresas privadas que reciban recursos públicos, a informar y hacer transparente su manejo.
“Con plena conciencia de las asignaturas que aún tenemos pendientes, los senadores del grupo parlamentario del PRI estamos convencidos de que con base en los acuerdos y el consenso con las otras fuerzas políticas, en el corto plazo aprobaremos los dos asuntos que aún están pendientes en materia de transparencia”, indicó.
El también vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores se refirió también a las leyes General de Archivos y la de Protección de Datos Personales, que, dijo, prevén frenar el uso indiscriminado y tráfico de estos datos que realizan empresas privadas, lo que provoca aumento en casos de robo de identidad, fraudes y otros delitos de carácter patrimonial y financiero.
Al respecto, los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) señalaron que de acuerdo con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), a nivel internacional 34 por ciento de los robos son de trámites del gobierno.
Además, 17 por ciento de tarjetas de crédito; 14 por ciento de teléfonos y servicios públicos; ocho por ciento de bancos; seis por ciento, de lo laboral y cuatro por ciento de préstamos.
Refirieron que el país ocupa el octavo lugar a nivel mundial por este ilícito, en el que 67 por ciento de los casos es por pérdida de documentos, y previnieron que 90 por ciento de las personas porta información suficiente para ser víctimas de este delito, como es el caso de credencial de elector, tarjetas de crédito y estados de cuenta.
Alertaron que el año pasado, de cada 100 reclamaciones a un fraude, dos correspondían a un posible robo de identidad, mientras que el monto reclamado por los usuarios ascendió a 118 millones de pesos, 19% más que en 2014; de cada 10 quejas, nueve eran de tarjeta de crédito y una de débito.
Los datos que se obtienen de manera ilícita se utilizan para solicitar tarjetas de crédito, firmar cheques en blanco, hacer transferencias desde cajeros, comprar inmuebles y la mayoría de las veces comprometen a personas que desconocen que su identidad es utilizada, añadieron.
Los senadores priistas advirtieron que la mayoría de las personas no se enteran que han sido víctimas de robo de identidad, hasta que solicitan un crédito o son notificadas por las autoridades fiscales.

