norberto-de-aquino4Por Norberto DE AQUINO

 

Para el gobierno de Enrique Peña Nieto la “verdad histórica” sobre lo sucedido con los normalistas de Ayotzinapa es ya, una losa demasiado pesada que no sólo le impide avanzar, sino que amenaza con destruir la poca credibilidad que aún le queda.

Los trágicos sucesos de septiembre de 2014 atraparon al gobierno federal por sorpresa. Y evidenciaron una lamentable capacidad de respuesta y una desesperante lentitud para entender la magnitud del reto al que tendrían que hacer frente.

Por si ello fuera poco, dejaron en manos de Angel Aguirre, en ese momento gobernador de Guerrero, el manejo de la crisis, con los resultados que todos conocemos.

Arrinconado por la presión nacional y la crítica externa, el gobierno peñista entró en acción. Y con la idea de resolver el caso lo más rápido posible, lanzó una investigación que terminó con la “verdad histórica” de que los 43 jóvenes desaparecidos habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.

El gobierno se atrincheró en esa posición. Pero poco a poco, enfrento dudas y rechazo. A nivel nacional resultaba complicado creerle a una administración que tenía tras de sí severos cuestionamientos sobre su honorabilidad. Y a nivel internacional, la situación empeoraba con las críticas en torno al respeto a los derechos humanos y la tortura.

Los expertos argentinos presentaron un listado de interrogantes. Y el grupo de expertos independientes llegados con el apoyo de la OEA simplemente pusieron las cosas fuera del control del gobierno. La “verdad histórica” sufría para mantenerse en pi.

El gobierno entonces cambió el discurso. Y elogió a los visitantes en público, para buscar por todos los medios posibles, desacreditarlos con ataques en diversos frentes.

Pero poco lograron más allá de elevar el costo en credibilidad oficial.

Así, se renovó la autorización para que el GIEI permaneciera en México. Pero una cosa es aceptar la permanencia y otra, muy distinta, colaborar realmente en el trabajo.

Así, hoy tenemos de nueva cuenta a los visitantes latinoamericanos con quejas sobre la forma en que se quiere entorpecer su labor. No sólo no hay apoyo, sino que todo lo que se hace tiene como objetivo bloquear su investigación.

Bastaría el hecho de que la petición para reunirse con los integrantes del Batallón 27 destacado en Iguala simplemente no ha caminado. No siquiera se aceptó que estuvieran presentes en el interrogatorio y que fueran colaboradores en las preguntas. Bloqueo total.

Y es este el punto en el que todo se entrampa, ya que el problema no es sólo la desaparición de los jóvenes y su muerte, sino que para aclarar todo se requiere determinare l grado de complicidad de las autoridades con la delincuencia organizada. Y este es el tema que, de todas las maneras posibles, no se quiere tocar.

Se puede pensar en un nuevo peritaje sobre el basurero para determinar si es posible o no, el que los cuerpos de los normalistas fueran incinerados. Pero nada se puede aceptar sobre la forma en que la relación de las autoridades, de todo tipo con los narcotraficantes, tiene posibilidades de concretarse.

La PGR con Jesús Murillo Karam alcanzó la “verdad histórica” que el gobierno requería. Y la procuradora Arely Gómez tiene la obligación de consolidarla.

El primero logró su encomienda, pero a costa de un elevado impacto político en contra del gobierno. La segunda no ha logrado otra cosa que elevar el grado de desprestigio de la autoridad mexicana.

Peor el gobierno no cambia de idea. Mantiene su “verdad” contra viento y marea. Y espera que el tiempo se convierta en su gran aliado.

Una apuesta que podría no resultar, pero que aún con el efecto que se busca, no podrá durar para siempre.

Y el costo a pagar podría ser al paso del tiempo, mucho más serio de lo que en este tiempo se calcula. Y sin importar quienes puedan ganar las elecciones del 2018.