PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

 

Después de 17 meses y sometido a una enorme presión interna y externa, el presidente Enrique Peña Nieto visitó Iguala, solo para intentar, otra vez, evadir la problemática que para su gobierno ha significado la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La ocasión anterior en la que el primer mandatario viajó a Iguala tenía un marco totalmente diferente. En aquella ocasión se anunciaba el plan Nuevo Guerrero. Se lanzaron discursos cargados de optimismo. La entidad recibiría toda clase de privilegios. Sería un ejemplo de desarrollo. Luis Videgaray anunciaba inversiones en infraestructura. Angel Aguirre, entonces gobernador, mandaba felicitaciones a funcionarios no presentes. Y la felicidad reinaba en todas partes.

Llegó septiembre de 2014 y la crisis política de Guerrero consumió a 43 normalistas y a varias personas más gracias a que nadie había cumplido con su responsabilidad.

Ahora, más de un año después de esa tragedia, el presidente visita Iguala. El motivo es el Día de la Bandera. Pero el discurso podría no corresponderse con la realidad.

Para el titular del Ejecutivo Federal. Iguala no “puede quedar marcado” por la tragedia de los normalistas. Y ese podría ser el primer error. Iguala ya está marcado. Pero lo está por el abandono de las autoridades que no han enfrentado realmente el problema de la producción de drogas en la sierra, que convierte a Iguala en un centro de acopio del que nadie parece tener noticia.

Iguala tiene ya en su historia sellada la fecha de la tragedia. Y no será con discursos como se cambiará ese hecho.

El presidente Peña Nieto dijo que estos hechos evidencian la necesidad de avanzar por el camino de la ley y las instituciones. Y aquí aparece otro problema, ya que es precisamente la negativa oficial a recorrer esas vías la que ha entorpecido todo el avance para entender y aclarar que fue lo que sucedió en Iguala. No se requiere ser experto para entender que a pesar de lo que se dice, hay elementos que no se tocaron en el caso. Y uno de ellos es aún el papel jugado por el mandatario de Guerrero, a quien se le confió de inició, todo el caso, sin que se llegara a ninguna parte.

El primer mandatario afirmó que el gobierno ha desplegado un amplio esfuerzo para procurar justicia a partir de una investigación profunda, transparente y abierta.

Y otra vez, esto tiene problemas que resolver antes de poder ser aceptado totalmente.

Resulta difícil olvidar que el gobierno realizó una investigación que terminó con una “verdad histórica” que al paso del tiempo se ha derrumbado, con un daño terrible sobre la credibilidad oficial-

El presidente habló de que esa investigación ha contado con la participación de instancias internacionales, pero no se refirió a las quejas de esas instancias, como tampoco lo hizo en relación a la serie de ataques en base a “filtraciones” que los integrantes de los grupos internacionales han recibido para desacreditar cualquier crítica que pudiera resultar molesta al gobierno.

El discurso del presidente Peña deja ver que el gobierno sigue su estrategia de escape de las crisis, en la que la verdadera solución de los problemas no forma parte.

El presidente no viajó a Iguala en el momento de la crisis. Se distanció de los familiares de los normalistas desaparecidos. Su gobierno defendió y aún lo hace, la “verdad histórica” con la que se quiso cerrar el caso.

Se entorpeció el trabajo del grupo de expertos de la CIDH y de los expertos argentinos. Se impulsó a elementos que buscaban desacreditar a los visitantes. Y se mantuvo la cerrazón en lo que a tolerar la presencia de los expertos en los interrogatorios a los soldados destacados en Iguala el día de los hechos.

Así, el discurso presidencial se queda muy corto ante la realidad. Se quería y ello es evidente, cubrir el expediente y mostrar un rostro de preocupación ante la creciente presión interna y externa.

Pero en los eventos del miércoles pasado, algo es rescatable. Y es la parte del discurso del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, cuando afirmó que “en tanto no se esclarezcan a profundidad los hechos y se someta a la ley a lo responsables, esta herida sangrante no habrá de sanar”.

Algo que en el gobierno federal no han podido entender después de 17 meses.