PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

 

Con el gobierno de Enrique Peña Nieto enfrentado abiertamente a la incredulidad ciudadana, el sector privado aprovecha la ocasión y con los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación en la mano sobre la cuenta pública del 2014, destaca lo preocupante que resulta lo “poco que se ha hecho” para combatir la corrupción, la impunidad y para fortalecer el estado de derecho”.

El Consejo Coordinador Empresarial dejó caer sus señalamientos justo en el momento en el que el gobierno busca una salida al golpe que para su credibilidad significa la acusación de una supuesta hija de Joaquín Guzmán Loaera, sobre pactos del delincuente con el gobierno, mismos que habrían sido traicionados por los funcionarios públicos, y cuando la presión internacional por el tema de los derechos humanos entró en una nueva espiral ascendente.

Además, los empresarios mostraron sus críticas al tiempo que funcionarios de la Secretaría de Hacienda se presentaban ante los diputados para explicar las medidas que se han tomado ante la difícil situación económica por la que atraviesa el país.

El CCE señaló que la Cuenta Pública de 2014 muestra con claridad que a lo largo de las dos últimas décadas, nada se ha hecho para controlar de manera adecuada todo lo que es el gasto público.

Dijo que es claro que existe patrimonialismo en el manejo del dinero público y que ello se deba a que el 97% de las denuncias presentadas por la ASF quedan sin sanción y sin que se presenten responsables por el mal manejo.

Los empresarios piden medidas para reducir los niveles de corrupción, ilegalidad, impunidad y demandó impulsar la rendición de cuentas, frenar la delincuencia, la inseguridad y la violación de derechos humanos.

El Conejo Coordinador Empresarial recordó que cada año, al conocerse la cuenta pública, se muestran irregularidades y actos que podrían significar corrupción, pero que nada se hace al respecto. No hay aclaraciones ni tampoco identificación de culpables. “No hay cambios en las prácticas de gestión y administración”.

Los empresarios pidieron al gobierno que se sume a la demanda social para fortalecer las políticas de combate a la corrupción y que apoye decididamente la iniciativa de la sociedad para que el 3de3 se implemente en plazos lo más cortos posible.

Ese proyecto busca obligar a los funcionarios públicos a presentar de manera pública, sus declaraciones patrimoniales, de posibles conflictos de interés y de pago de impuestos, cada año en tanto estén en el poder, para tener una base real de combate a la corrupción.

El duro señalamiento por parte de los empresarios aparece en el momento en el que el gobierno se ha lanzado a una cruzada para justificar no sólo sus medidas de urgencia en el terreno económico, sino también a la reforma fiscal que ha sido duramente criticada por el empresariado nacional.

El gobierno dice que si no se hubiera contado con esa reforma, es difícil imaginar la magnitud del recorte que ante la crisis se hubiera tenido que realizar.

El planteamiento empresarial entonces parece encaminado a señalar que el verdadero problema en la economía se encuentra en el campo oficial, especialmente por el problema de la corrupción y por el aumento en la inseguridad.

La distancia entre lo que el gobierno piensa y lo que dice el empresariado es evidente. Y la forma en que los empresarios han planteado el problema es, se acepte o no, una fuerte crítica a la estrategia económica seguida por el gobierno de Peña Nieto.

Así, el CCE planteó sus quejas. Mostró su malestar y expuso sus demandas.

Y el hecho de que la cuenta Pública sea demoledora en lo que a manejo del dinero público se refiere, simplemente parece dejar en una mala posición al gobierno.

Justo cuando el tema de la credibilidad se encuentra bajo presión en tantos y tan diferentes terrenos.