PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

 

Ante la creciente presión nacional e internacional que se ejerce sobre el gobierno mexicano en el renglón de los derechos humanos, el Ejército y la Marina han pasado a formar parte de los intentos por aliviar el peso del problema. Y el intento, por pequeño que pueda ser, puede ser una decisión importante a largo plazo.

Las fuerzas armadas en lo particular, y todo el aparato de justicia del estado, han sido señaladas de una u otra forma, como parte fundamental del problema de la violación de derechos humanos.

A partir de la ejecución en Tlatlaya, el gobierno quedó atrapado en una ola de cuestionamientos y la necesidad de proteger al máximo el accionar de soldados y marinos.

El problema se desbordó gracias al intento oficial por negar la existencia de las ejecuciones. Al momento en el que la “verdad oficial” en este hecho se vino por tierra, el gobernó perdió margen de movilidad y mucho de la credibilidad ante la sociedad.

Los casos de Tanhuato, Apatzingan y hace poco Tierra Blanca, acabaron por arrinconar a las autoridades que después de Iguala tenían muy poco espacio para acompañar con hechos, sus discursos.

El gobierno tenía clavado el dictamen de Juan Méndez, el comisionado de la ON sobre tortura. Su afirmación de que en México la tortura resultaba algo  generalizado y practicado por todo tipo de autoridades, fue simplemente, demoledor.

A cada caso, el gobierno intentó una respuesta diferente. Se negaron los hechos, se dijo que no podía hablarse de algo generalizado y se buscó incluso la confrontación con organismos internacionales dedicados a monitorear desapariciones, tortura y otras actividades ilegales cometidas desde y por el poder.

Pero en todos los casos, el gobierno resultó incapaz de convencer. Dentro y fuera del país la presión se convirtió en una bomba de tiempo. Y con los expertos independientes de la CIDH mostrando la realidad del país a todo el mundo, el gobierno parece haber cambiado de estrategia.

Así, el ejército detuvo a un oficial supuestamente involucrado en la desaparición primero y asesinato después, de un obrero en Tierra Blanca en Veracruz, el pasado mes de febrero.

Este es un hecho que no deja de representar un cambio en la actitud de las fuerzas armadas. Los mandos militares se habían negado una y otra vez, a reconocer la existencia de soldados que llevaban la fuerza en sus acciones, a rebasar los límites marcados por la ley.

Se podría pensar que el ejército quiere demostrar que puede poner a sus elementos ante la ley cuando hay pruebas de delitos cometidos por ellos. O por el contrario, que en otros casos no se ha hecho, precisamente por la falta de las pruebas. Una apuesta fuerte que seguramente requerirá de segundas partes.

Del mismo modo, la Marina puso a disposición de las autoridades a tres de sus elementos involucrados en el secuestro y asesinato de un obrero en Colombia, Nuevo León, en agosto del 2013.

Este es, obviamente, un evento que va en el mismo sentido que el de los soldados. La decisión de eliminar la impunidad es importante.

Pero es claro que se busca algo más. Las fuerzas armadas han dado un paso importante, que puede no ser de su agrado, y que además, representa un reto para las autoridades civiles.

La presión sobre el gobierno por el tema de los derechos humanos no se queda en las fuerzas armadas. Y para nadie es un secreto que el que el ejército y la marina se encentren en las calles para realizar trabajos de vigilancia, responde a la incapacidad de la autoridad civil y a la debilidad y corrupción de las diferentes instituciones de seguridad en el país.

Las fuerzas armadas dieron un paso. Puede ser que bajo órdenes, pero lo dieron, en tanto que los encargados de la estrategia de seguridad, en el lado de los civiles, todo lo que hace es acumular tropiezos que elevan el desgaste de las instituciones, como son las citadas fuerzas armadas.