PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

 

Por discursos no ha parado. Por grandes anuncios y grandes proyectos, tampoco. Pero la realidad ha demostrado que la lucha contra la delincuencia organizada es un completo fracaso. Y que los supuestos logros alcanzados no pasan de ser, en el mejor de los casos, éxitos temporales que se evaporan tan rápido como el optimismo oficial.

Guerrero y Tamaulipas son ejemplos claros de que las cosas están lejos de ser como el gobierno federal quiere que se crea. La violencia no disminuye y los indicadores anuncian que la actual administración terminará, si la situación no empeora, con un récord similar al alcanzado por Felipe Calderón.

Para el gobierno la situación es delicada. Especialmente por su negativa a reconocer que las promesas no se han alcanzado. Así, pone grandes planes de combate a la delincuencia y cuando fracasan, esquiva el anuncio o busca explicaciones que nada tienen que ver con la realidad.

Es fácil recordar al secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, encabezando espectaculares eventos para anunciar la puesta en marcha de grandes planes para recuperar la tranquilidad en Tamaulipas, entidad en la que la violencia resulta ya tan “normal”, que los ciudadanos no saben bien a bien qué es peor, si la ausencia de autoridades o la presencia de éstas.

Del mismo modo, se puede revivir el gran acto en Michoacán con el que se anunció la estrategia de pacificación de la entidad. Los discursos y los compromisos que no se cumplieron y que dieron vida a una decisión de crear un comisionado especial, en la persona de Alfredo Castillo, que no sólo violentó el marco legal, sino que llevó a mayores problemas que como Apatzingán o Tanhuato, hoy son grandes dolores de cabeza para el gobierno federal.

Esta línea de fracasos por supuesto, incluye a Guerrero. En este estado se dejó primero, la situación en manos de Angel Aguirre, entonces gobernador y amigo de los altos mandos en el gobierno federal. Pero los hechos de Iguala no sólo demostraron la incapacidad de la autoridad local, sino que pusieron a la vista la cadena de corrupción en la que autoridades federales quedaron atrapadas.

El estado de México no podría quedarse fuera del escenario. Feminicidios al alza. Localidades fuera de control. Asaltos en transporte como hechos regulares. Corrupción en la policía y una absoluta falta de seriedad de gobierno de Eruviel Avila ante la problemática, es el marco de la creciente violencia en la entidad.

Bajo estas condiciones, pero renuentes a reconocer el fracaso, se ha puesto en marcha un nuevo plan de combate a la delincuencia. Un nuevo proyecto que, de entrada, es la aceptación de que todo lo que se ha hecho simplemente no ha funcionado.

La nueva estrategia es simple, Una policía “regional” que se encargará de vigilar que los delincuentes no crucen las fronteras de los estados de Guerrero, Michoacán y el Estado de México. Y para tratar de ocultar al máximo el fracaso, el anuncio oficial, otra vez a cargos de Miguel Angel Osorio Chong, se realiza al inicio de la Semana Santa. Esto es, un anuncio que se presenta con la esperanza de que nadie, o casi nadie se entere.

Pero el anuncio que va acompañado del infaltable argumento del “vamos bien” que choca abiertamente con la realidad, encierra un hecho bastante llamativo y por lo demás, muy serio.

Se quiere que a la nueva estrategia se sumen los Estados de Jalisco, Guanajuato y Colima. Y la pregunta surge en automático: si estamos tan bien, ¿debido a que se requiere una nueva policía y cuáles son las razones para que otras tres entidades formen parte del plan de seguridad?

Si el tránsito fronterizo de los delincuentes abarca zonas tan extensas, ¿en verdad hay logros para presumir?

El anuncio de una nueva fuerza policías pone en entredicho todo lo que ha dicho del combate a la delincuencia organizada. Deja ver que la Gendarmería no fue todo lo que se dijo habría de ser. Que una cosa son los discursos y las promesas y otra, muy diferente, la realidad.

Y que a tres años de iniciado el gobierno de Enrique Peña Nieto, la tan cacareada inteligencia con la que se combatiría a la delincuencia, está muy lejos de tener resultados alentadores.

La violencia sigue. Los gobiernos estatales no tienen control de nada como no sea de la irregularidad en el manejo de las finanzas públicas. Y el gobierno federal ha entrado al parecer, en la etapa de la necesidad de tener resultados, aún cuando sean menores.

Todo, justo cuando los expertos internacionales, en todos los terrenos, no dejan de exhibir al gobierno no sólo como incapaz, sino como torturador y constante violador de los derechos humanos.