PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

 

La Semana Santa se ha convertido en el escudo perfecto para proteger a las autoridades ante decisiones que se saben impopulares. Así, en el Estado de México, Eruviel Avila, gobernador del estado, decidió dar vida a un proyecto de ley para regular el uso de la fuerza pública, apenas antes de los días de descanso, a fin de que el malestar social por su determinación pudiera disminuir.

Pero la realidad en la entidad vecina no parece permitir el optimismo del señor gobernador. Y su proyecto pasó a ser conocido como la “Ley Atenco”, en recuerdo de las acciones policiacas emprendidas en ese municipio por el entonces gobierno de Enrique Peña Nieto, contra los pobladores que se oponían a la construcción de lo que se quería convertir en el nuevo aeropuerto para la ciudad de México.

Para tener una mayor claridad sobre el tema, primero habrá que recordar que Eruviel Avila prometió, como candidato, una entidad libre de delincuencia, en el entendido de que no podía hablar de la realidad ya que su antecesor tenía en su futuro la Presidencia de la República. No podía negar que había recibido un gobierno con grandes resultados en el campo de la seguridad.

Después, no puede olvidarse como la zona conurbada con la capital del país se convirtió en una zona de creciente inseguridad y violencia. Al tiempo que el asesinato de mujeres se convirtió en algo preocupante para todos, menos para el gobierno estatal.

Ante el crecimiento de la inseguridad, Eruviel Avila puso en marcha un nuevo plan de combate a la delincuencia. Y lo anunció con bombo y platillo, Había llegado el momento de poner fin al gran problema de los mexiquenses. Al menos en las palabras.

Pero como con los anteriores, el proyecto fracaso. Nada mejoró realmente. Y la inseguridad siguió en alza.

Ahora, casi de manera simultánea se anunció el nuevo plan de la policía regional para el EDOMEX, Guerrero y Michoacán, y la nueva ley para el uso de la fuerza en el Estado de México.

No se requiere de mucho para entender que ambos anuncios dejan ver que la inseguridad en las tierras mexiquenses no sólo no ha disminuido, sino que va en ascenso.

Así, nueva policía y el uso de la fuerza para controlar.

El problema es que con la nueva ley en el estado de México lo que se autoriza es precisamente, el uso de la fuerza para impedir cualquier tipo de manifestación. Pero además, con el agravante de que, de salida, el gobernador queda totalmente eximido de toda responsabilidad en caso de que la violencia se desborde.

De acuerdo a la ley ya aprobada, la policía podrá usar la fuerza al momento en que se determine que una manifestación o reunión es “ilegal” sin que se aclare lo qué es ilegal o quién tendrá que determinarlo.

De esta manera, en el caso de un choque entre autoridades y ciudadanos, el gobernador no podrá ser cuestionado y menos inculpado. La ley lo protege. El gobernador elude la responsabilidad, pero autoriza la fuerza para evitar manifestaciones.

Es claro que perdido el control de la seguridad en el Estado de México, lo que se quiere es endurecer las acciones. Y no sólo contra los delincuentes, en el caso de que en realidad se les combata, sino en contra de los ciudadanos para el caso de que decidan protestar por la inseguridad de que son víctimas.

Con la experiencia de la “Ley Bala” de Rafael Moreno Valle, en Puebla, que produjo en sus primeros momentos, violencia extrema y víctimas fatales, Eruviel Avila lo que hace es crear el marco para la represión, pero creando también el escudo protector para su persona. En el caso de víctimas, serán los policías los culpables. El autor intelectual ni siquiera podrá ser señalado.

El Estado de México es una de las zonas de mayor inseguridad en el país. La violencia es cotidiana. Los asaltos en el transporte público son cosa de todos los días. El asesinato de mujeres es regular. Pero el señor gobernador lo que busca es una candidatura presidencial.

Y como carta de presentación tiene ya la “Ley Atenco” con la que, después de todo, lo único que hace es seguir los pasos de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México.