PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

 

La decisión parece tomada. No habrá marcha atrás y los casos en los que el gobierno de Enrique Peña Nieto se ha entramado se resolverán con la fuerza del aparato legal del Estado. En Iguala se dejará correr el último mes de trabajo del GIEI para después, tener los restos de la “verdad histórica” como el cierre del caso. En Tlatlaya ya se decretó la inocencia del ejército. Y en el Senado, el procurador del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, se declaró listo para ocupar un sitio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Después del costoso fracaso por la equivocada estrategia política para enfrentar las crisis y de la inexistencia de una política de comunicación efectiva, el gobierno ha tomado la ruta de las soluciones a rajatabla.

En el caso Iguala, se decidió poner fin a la presencia del Grupo Independiente de Expertos Interdisciplinarios, no sin antes convertirlos en blanco de una durísima campaña para buscar crear una imagen de desprestigio que, en su momento, sirviera de soporte a la determinación de no prorrogar su estancia en el país.

Este grupo cuestionó no sólo la labor de las autoridades mexicanas en el caso de los normalistas de Ayotzinapa, sino que se atrevió a poner en duda la idea de que en el basurero de Cocula se habían incinerado los cadáveres de los estudiantes.

Ahora, con el plazo marcado para su retiro, lo que resta es simplemente dejar correr las últimas semanas de su trabajo, confrontar su labor con peritajes a modo del gobierno y apuntalar los señalamientos sobre los expertos.

Y para consolidar la estrategia, se abrió una investigación, de lo más absurdo, en contra del presidente de la CIDH, a fin de “mostrar” que ese organismo no tiene calidad para cuestionar nada al gobierno mexicano.

El caso Iguala quedará entonces en la incertidumbre, con el gobierno aferrado a su “verdad histórica” y con el tiempo como aliado para el olvido del tema.

Del mismo modo y aprovechando todo la confusión existente, se llega en el caso de la ejecución de civiles por parte de ejército en Tlatlaya a la decisión de liberar a los soldados detenidos por esos hechos.

Las ejecuciones fueron presentadas por el ejército y el gobierno del Estado de México, como el resultado de un enfrentamiento entre los militares y un grupo de delincuentes. El gobernador Eruviel Avila se lanzó incluso, a felicitar a los soldados por valentía en el enfrentamiento.

Pero poco tiempo después quedó claro que los civiles habían sido ejecutados. Ahora, se determina que nadie es responsable. El gobernador del Estado de México podría volver a felicitar a los soldados, ahora por su nueva victoria en el terreno legal.

La decisión parece destinada a sumar “soluciones” que, sumadas, provocarán malestar, pero que se dividirá entre los puntos tocados.

Dentro de este proyecto de “soluciones”, el Senado de la República recibió por varias horas, al procurador del Estado de México. Y el debate fue movido, pero por más esfuerzos que se hicieron, quedó clara la idea de que el gobierno y el PRI quieren a Alejandro Jaime Gómez Sánchez, como miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un mexiquense más en las posiciones de poder.

No importa que la procuraduría mexiquense haya mentido a los ciudadanos sobre los hechos de Tlatlaya. No importa que la vecina entidad sea ejemplo de violencia e inseguridad. No importa que el Estado de México sea teatro de un muy serio problema de feminicidios. Lo importante es que los mexiquenses tengan las posiciones de poder en las manos.

El gobierno parece decidido a “resolver” sus problemas más complicados.

Sin importar que para ello, se habrá un frente de batalla ante organizaciones civiles e internacionales.

Es a continuación de las respuestas oficiales que tuvieron en el caso OHL uno de sus capítulos más importantes y que mostró, con toda claridad, que los aliados del gobierno tiene a su disposición un manto protector de impunidad difícil de entender y más de vencer.