Ante el Pleno de la Cámara de Senadores, Cristina Díaz Salazar del PRI presentó iniciativa que reforma la Ley General de Salud para crear políticas públicas en materia de reducción de daños en el uso abusivo y problemático de sustancias legales o ilegales.
Con el aval de los grupos parlamentarios del PRI y PVEM, la senadora Cristina Díaz resaltó que con esta propuesta se pretende replantear algunas medidas que ha tomado el Estado mexicano para el tratamiento de personas con uso problemático de sustancias.
Enfatizó “la mejor estrategia es la prevención del consumo en niñas, niños y adolescentes, detectar e intervenir en fases de experimentación o de consumo ocasional aunado a la creación de políticas en materia de reducción de daños”.
Asimismo, resaltó que la iniciativa retoma conceptos impulsados por diversas investigaciones, así como prácticas que han demostrado su eficacia en la prevención de transmisión de enfermedades o incluso en la prevención de muertes por uso de sustancias prohibidas.
La senadora del PRI dijo que el concepto de «farmacodependiente» resulta discriminatorio, estigmatizante e incluso criminaliza al usuario al no hacer diferencia entre experimental o casual con uno dependiente o abusivo, por lo que consideró importante cambiar la visión punitiva por un esquema de salud pública.
Las políticas de reducción de daños –mencionó- no son nuevas ya que se han implementado exitosamente desde hace más de 60 años, por ello ejemplificó que en Canadá se ha implementado el programa de sustitución de heroína por metadona y en Europa el canje de jeringas vinculadas al uso de drogas.
Señaló que México no debe ser ajeno a estas prácticas de reducción de daños, impulsadas por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, ONUSIDA y el Fondo Mundial de Población.
“Estamos en un momento crucial del análisis de la política de droga y es urgente tomar medidas que atiendan la realidad”, finalizó.
Se propone crear centros especializados en tratamiento, atención, y rehabilitación, con base en sistemas modernos de tratamiento y rehabilitación, fundamentados en el respeto a la integridad y a la libre decisión del farmacodependiente.
La iniciativa se turnó a las comisiones de Justicia, de Salud, de Gobernación; de Seguridad Pública; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda.
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