norberto-de-aquino4Por Norberto DE AQUINO

 

El gobierno de Enrique Peña Nieto carece del más elemental manejo de los tiempos. O practica un increíble nivel de irresponsabilidad, calculando que un fracaso se cubre con un aspaviento. De cualquier manera, la realidad dice que la administración peñista no ha podido y al parecer no podrá, resolver de fondo, los grandes problemas que derribaron la credibilidad y confianza ciudadana.

Con la atención centrada en los tiempos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, con la prisa para que su labor en México termine junto con el fin del presente abril, las autoridades descuidaron todo el escenario internacional. Y con ello, olvidaron que Estados unidos acostumbra, por estos tiempos, dar a conocer su informe sobre los Derechos Humanos sobre el año inmediato anterior.

Y como ha sucedido sobre 2013, 2014, ahora sobre el 2015 las malas noticias reaparecen para el gobierno peñista.

Justo en el momento en el que México reiteró ante la CIDH humanos su voluntad de que el GIEI concluya ya su trabajo en el país, el Departamento de Estado estadounidense resalta que en nuestro país, la impunidad, la corrupción y los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, son el origen de las principales violaciones de Derechos Humanos.

Palabras más, palabras menos, es la postura de los integrantes del GIEI. La posición marcada por la CIDH. El tema que resaltaron los expertos argentinos. Y el debate al que el gobierno mexicano simplemente le dio la vuelta.

Ahora, el gobierno reitera que el grupo de expertos enviado por la CIDH no permanecerá en México, sin importar que la investigación sobre lo sucedido en Iguala en septiembre del 2014 con los normalistas de Ayotzinapa no esté terminada y que las dudas existentes sean crecientes.

El Departamento de Estado dice que policías y fuerzas armadas, las mismas que quedaron atrapadas en Iguala, tienen en su accionar graves abusos, ejecuciones ilegales, torturas y desapariciones, lo que coloca al gobierno peñista prácticamente, contra las cuerdas.

Se había trabajado con toda intención, para sembrar dudas sobre los expertos extranjeros. Se dio pasó a cuestionamientos poco serios. Y se dio credibilidad a acusaciones que siempre mostraron que formaban parte de uns postura ligada a la “verdad histórica” defendida por el gobierno.

Se marcó el final de abril como límite para la presencia del GIEI. Se preparó el terreno para que sus conclusiones tuvieran el menor impacto posible. Y se esperaba que con el inicio de Mayo y sin la molesta presencia de testigos foráneos, todo pasara a formar parte de la solución final del caso que después de Tlatlaya, había mostrado el duro comportamiento del gobierno en materia de Derechos Humanos.

Se hicieron los cálculos sobre lo que se podía escuchar de los expertos en sus conclusiones. Y se lanzaron las señales para que a lo largo de estos días, se sembraran todo tipo de dudas sobre sus dichos. Y además, se les reiteraría el señalamiento de que se llevaban mucho dinero a cabio de querer desprestigiar al gobierno.

Pero nadie tomó en cuenta la agenda. Nadie entendió que Estados Unidos, vía el Departamento de Estado, presentaría su informe anual sobre Derechos Humanos en el Mundo.

Ni la Embajada en Washington, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores calcularon el impacto del citado informa, a pesar de que los dos anteriores habían sido poco favorables al gobierno de EPN.

Ahora, el informe habla de Apatzingán, de Tanhuato, destaca la corrupción y la impunidad con la que se mueven las fuerzas de seguridad y subraya los muy bajos índices de persecución que existen en México para combatir el problema.

Por supuesto, puede ser que el gobierno supiera del Informe. Entendiera el daño que recibiría y prefirió simplemente, reiterar su rechazo el GIEI con la idea de que el costo sería el mismo y que la oportunidad habría que aprovecharla.

Pero ya sea que se intentó sacar ventaja del informe, ya sea que no se valoró adecuadamente, la realidad dice que, guste o no, el GIEI se va con una victoria política y que el gobierno se queda con una “verdad histórica” totalmente dañada y con un desprestigio interno creciente y una confiabilidad ciudadana realmente escaza.