Las comisiones unidas de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y Estudios Legislativos del Senado avalaron por unanimidad el dictamen que expide la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Esta norma, que será sometida a la discusión del pleno, incluye mecanismos como la libertad anticipada para delitos no graves, la revisión periódica de los penales, así como la reinserción social de quienes están encarcelados.
El beneficio de la libertad anticipada sería para las personas que hayan sido sentenciadas con pena privativas de la libertad por robos cuyo valor de lo robado no exceda de 80 salarios mínimos, y cuando en la comisión del delito no haya mediado ningún tipo de violencia.
Asimismo, por la posesión sin fines de comercio o suministro de Cannabis sativa, indica o mariguana, siempre y cuando el monto encontrado en posesión del sentenciado, en cualquier de sus formas, derivados o preparaciones no exceda cinco kilos y cuando en la comisión del delito no haya mediado ningún tipo de violencia.
También se establece que se efectuarán revisiones periódicas en los centros penitenciarios, con el objeto de prevenir la comisión de delitos. Entre las medidas de seguridad para los internos estará el cambio de dormitorio, módulo, nivel, sección, estancia y cama.
El nuevo marco legal indica que existirá vigilancia permanente en todas las instalaciones de los centros penitenciarios, incluyendo módulos y locutorios; se revisarán a las personas, objetos y vehículos que pretendan ingresar o salir de los centros penitenciarios.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, expuso que esta ley prevé que “las personas que está privadas de su libertad desde una perspectiva distinta, a partir del mandato de la Constitución que tenemos que caminar hacia la reinserción social”.
En tanto, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz Salazar, dijo esta ley pretende erradicar y modificar los vicios del régimen penitenciario actual.
“Como bien sabemos, hoy en día las condiciones de encierro en los centros penitenciarios da lugar a violaciones sistemáticas a derechos humanos, como consecuencia de los vicios en el procedimiento de ejecución”.
El presidente de la Comisión de Justicia, el panista Fernando Yunes Márquez aseveró que esta ley rompe con muchos paradigmas de un sistema penitenciario ya obsoleto.
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