Francisco Garfias
En el Instituto Nacional Electoral no acaban de digerir la forma por cómo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los bateó en el tema del retiro del registro a los candidatos a gobernador en Zacatecas, David Monreal, y Durango, Guillermo Favela.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, llegó al extremo de decir públicamente que los criterios aplicados por el Tribunal para sancionar el caso le“abren un boquete” al modelo de fiscalización.
En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acusaron recibo de la postura de Córdova.
Nos manifestaron su extrañeza por las críticas a la sentencia que restituye las candidaturas a los dos aspirantes de Morena.
Deslizan en cortito que los que deberían cuidar las instituciones —léase los consejeros del INE— ahora intentan socavarlas y que quienes tradicionalmente promueven su desprestigio —López Obrador y los suyos— ahora se muestran respetuosos.
En el Tribunal reconocen que es natural la tensión entre instituciones. Pero tajantes afirman que no abrieron boquete alguno al modelo de fiscalización ni generaron impunidad.
Monreal no fue exculpado. Lo que hicieron fue privilegiar el derecho a ser votado por encima de la puntualidad de un requisito administrativo.
¿Presentar con retraso un informe de precampaña es abrir un boquete? Preguntaron.
- En la sesión del Consejo General del INE el debate estuvo caliente. “Serénese consejero Ciro Murayama. Acate la sentencia del Tribunal. Deje de vociferar en los medios de comunicación su enojo. No le va bien”, dijo, en su turno, Horacio Duarte, representante de Morena ante el Consejo.
Murayama, la nueva Bête noire (bestia negra) del obradorismo, reviró fuerte. Llegó al extremo de ponerse por encima de los magistrados del Tribunal y advirtió que no será lo mismo en las campañas que comienzan.
“Candidato que no entregue informes, no tiene excusa que valga; la extemporaneidad que el Tribunal dio como un atenuante, en la omisión de presentar informes en precampaña, no podría valer en una campaña, porque ahí le pegaríamos el modelo de exigencia de rendición de cuentas, fiscalización y transparencia, que el Legislativo diseñó, y que es obligatorio para todos”, puntualizó.
Ojalá hubiésemos visto la misma enjundia y rigor de Baños y Murayama cuando el PVEM violó reiteradamente las leyes electorales. Pero ni por asomo consideraron quitarles el registro.
Ya lo decía Benito Juárez: “A los amigos gracia y justicia; a los enemigos justicia a secas…”.
- Hoy se instala la subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados. Tiene un montón de tarea por delante, desahogar 360 solicitudes de juicio político que se han acumulado a lo largo de dos años.
Destacan los de Javier Duarte, gobernador de Veracruz; el de Virgilio Andrade, titular de la Función Pública, y el de los consejeros del INE que solicitó Morena.
Hay otros dos juicios de procedencia en los que nada tiene que ver la citada subcomisión. Ambos tienen averiguación previa.
El de la Chapodiputada y el del legislador del Partido Acción Nacional, Agustín Rodríguez, otrora secretario particular del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, por “actos de tortura”.
La solicitud del diputado sonorense fue hecha por Gisela Pérez, exempleada doméstica, acusada de robar dinero en la residencia de Padrés cuando era gobernador. Siempre negó las acusaciones.
Pasó cuatro años en la cárcel. Sufrió tratos tan malos que fueron calificados de tortura. Nunca le pudieron probar que ella se llevó el dinero.
El último desafuero en San Lázaro fue hace seis años. Se le aplicó al narcodiputadomichoacano, Julio César Godoy. Pero de nada sirvió. Cuando le quitaron la inmunidad parlamentaria ya había puesto pies en polvorosa.
Con la pequeña ayuda de sus amigos del amarillo, el hermano del exgobernador de Michoacán pudo rendir protesta como diputado y fugarse antes de caer en las manos de la justicia.
- Las conclusiones del Debate Nacional sobre el Uso de la Mariguana serán presentadas este mediodía en un evento que encabezará el presidente Enrique Peña en la explanada de la Secretaría de Salud.
Podemos adelantar que no varían mucho de la postura expresada por el primer mandatario en la Cumbre de Drogas de Nueva York: transitar de la prohibición a la prevención.
Justo es decir que uno de los pioneros en la lucha por eliminar ese modelo prohibicionista es el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México,Juan Ramón de la Fuente.
La necesidad de una política de no criminalización del consumo de la hierba viene claramente expuesta en el libro Mariguana y salud, del también exsecretario de salud.
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