diputadosEl pleno de la Cámara de Diputados aprobó dos dictámenes; el primero autoriza suscribir a México al Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversión y el segundo propone reformar la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

El primer dictamen fue aprobado con 412 votos a favor y tres en contra, y se envió al Ejecutivo federal para su publicación y entrada en vigor; mientras que el segundo se avaló por unanimidad con 436 votos, y se remitió al Senado para su análisis y dictaminación, y en su caso aprobación.

Al argumentar ambos dictámenes la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Gina Andrea Cruz Blackledge, expuso que el dictamen por el que se reforma el Artículo 9 del decreto por el que se autoriza el convenio señalado, establece bases para su ejecución en México.

Además, prevé armonizar con la Constitución mexicana las enmiendas al convenio que ha sido base de la participación de México en organismos financieros internacionales.

Explicó que el convenio permite una participación activa del país como inversionista y beneficiario, y por ello la propuesta autoriza al gobierno federal la suscripción adicional de 207 acciones de la Corporación Interamericana de Inversiones, equivalentes hasta por dos millones 70 mil dólares.

Además, lo faculta para actualizar la suscripción adicional de acciones de esa corporación hasta por los montos máximos autorizados.

La minuta enviada por el Senado aprueba: autorizar al gobierno federal para la terminación, denuncia, suspensión, modificación, enmienda, retiro de reservas y formulación de declaraciones interpretativas del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana.

Con relación al segundo dictamen la diputada panista señaló que se adiciona un segundo párrafo al Artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa al Contribuyente, que explica la complejidad del sistema tributario y plantea los derechos de los contribuyentes, con lo que prevé otorgarles seguridad jurídica.

También se detallan las facultades de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para establecer programas educativos que generen una cultura contributiva entre la población desde edades tempranas.