PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

 

El desastre es ya inocultable. La estrategia oficial para expulsar del país al GIEI terminó en un estrepitoso fracaso. Los cálculos que sobre este episodio se hicieron no respondieron a la realidad. Y hoy, ante el mundo entero, el gobierno de Enrique Peña Nieto añade un capítulo más de desprestigio.

El informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes es demoledor. El video que muestra a Tomás Zerón en el basurero de Cocula es la prueba de que las “pruebas” sobre las que la “verdad histórica” se ha cimentado, podrían haberse fabricado.

Del mismo modo, la prueba de que el ataque a los normalistas fue una acción debidamente coordinada entre varias policías municipales, elementos de la policía federal y las dudas que hay sobre la participación del ejército, pone en evidencia el hecho de que, guste o no, la investigación realizada sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no se realizó, por decir lo menos, de manera adecuada.

Y si lo anterior no fuera suficiente, queda el hecho de que buena parte de los detenidos y cuyas versiones de os hechos son parte de la citada “verdad histórica” presentan pruebas de tortura, con lo que toda la postura oficial se tambalea de manera evidente.

El Informe del GIEI deja abierta la falta de interés por investigar las ligas de autoridades y policías con los grupos de delincuentes de la zona. Y por lo tanto, queda fuera de la investigación todo lo que es el problema del narcotráfico en lo que a siembra, acopio y distribución se refiere. Actividades que, por supuesto, no pueden realizarse sin apoyo de autoridades de diferente nivel.

Bajo ese panorama, lo que aparece no es ya tan sólo la fragilidad de la “verdad histórica”, sino los riesgos en el futuro inmediato para el gobierno federal.

Al inicio del problema, el equipo de Enrique Peña Nieto decidió intentar mantener el caso como algo “local”. El gobierno de Angel Aguirre tenía que responder a los hechos. Fracasada esa idea, se lanzó el plan para convertir a los normalistas en aliados del crimen organizado. Se dio paso a una “llamada anónima” que marcó el basurero de Cocula como el sitio en el que los estudiantes habían sido cremados.

La falta de credibilidad del gobierno federal dio vida al acuerdo con la CIDH para crear un grupo que ayudara a la investigación. Así nació el GIEI. Pero el gobierno quería recuperar imagen no resolver el caso.

Cuando los expertos independientes siguieron la ruta de los forenses argentinos y pusieron a la “verdad histórica” contra la pared, el gobierno simplemente endureció su postura. Y el choque fue inevitable, con el resultado de que el grupo de expertos fue simplemente, expulsado del país.

Ahora, el gobierno tiene ante sí, interrogantes que resolver antes de tomar las decisiones sobre el futuro, en el que las presiones internacionales son fáciles de adivinar.

La primera de las preguntas tendría que estar relacionada con los que, al inicio de la crisis, aconsejaron al presidente de la República mantenerse fuera del caso.

Por ignorancia política o bien por falta de experiencia, aquellos que aconsejaron la no intervención, son los que originaron la problemática actual para la administración peñista. Una actuación rápida y decidida en septiembre de 2014 tal vez hubiera dado como resultado situaciones totalmente diferentes.

Del mismo modo, es clara la división de opiniones e dentro del aparto encargado de la investigación del caso. Tanto como es evidente el afán político que se persigue con cada una de las posiciones.

No es un secreto que la PGR es uno de los objetivos que se persiguen. Quien ocupe la titularidad de esa dependencia tendrá muchas posibilidades de pasar a convertirse en el nuevo zar Anticorrupción en el país. Cargo que durará ocho años. Y ello tiene su valor.

Así, ¿quiénes ayudaron a crear la crisis actual? Responder esa interrogante es vital para decidir el rumbo a seguir.

Al presidente no le gustan los cambios en el equipo de trabajo. Pero parece evidente que en su equipo hay quienes trabajan más para el futuro personal que para el presente del gobierno. ¿Habrá ajustes?

El GIEI puso en claro la forma en su se entorpecieron las investigaciones sobre Iguala. Y presentó muchas dudas sobre la actuación de las autoridades. Ante ello, ¿el gobierno tomará decisiones o simplemente cambiará el discurso?

Lo que sí es seguro es que en el campo internacional, el ridículo de México es claro. Y puede ser creciente.