PERSPCTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

 

El tema en el proceso electoral que se desarrolla en el país no es, como tendría que ser, el debate de ideas y propuestas, sino el tamaño, impacto y control que los cárteles de la droga tienen sobre buena parte del país y, por supuesto, sobre partidos políticos y candidatos.

La pobreza político ideológica en que se encuentra sumido el país es entonces, más que evidente. Y para evitar cualquier tipo de dudas, la discusión entre los dirigentes de partido es quién sí y quién no está ligado a la delincuencia.

Esta situación, se acepte o no, debería tener impacto directo en el resultado de las elecciones. Y claro está, debería tener efecto inmediato en las acciones y decisiones del gobernó federal.

Si se toma como ejemplo el caso de Tamaulipas, lo que resulta de las discusiones políticas es la destacada ausencia de ideas. Lo importante es desacreditar al rival, Y nada mejor para lograrle convertirlo sin más, en parte de la delincuencia que asola a la entidad.

Sin embargo, esto lleva, guste o no, a entender que las autoridades, federales y locales, han fracasado estrepitosamente en el combate a la delincuencia. Y de miso modo, que todos los programas de seguridad que se han implementado en el estado no han logrado el menor de los avances.

De esta manera, lo que tenemos en las manos es el reconocimiento de que la inseguridad se ha apoderado no sólo de la vida de los ciudadanos, sino del control de las áreas políticas y administrativas del estado. Y ante ello, nadie ha hecho nada. Esto es, la incapacidad oficial en todo su esplendor.

Del otro lado, si las acusaciones que se lanzan los partidos y sus dirigentes no son más que juegos de artificio para intentar manipular a los ciudadanos y con ello conseguir votos, lo que resulta es que los políticos quieren el poder por el poder mismo y que bien poco les importa la falta de legitimidad que puede provocar un triunfo logrado de esta manera.

Al mismo tiempo, ¿no hay mecanismos para obligar a candidatos y partidos a mantener una línea mínima de respeto a los votantes? ¿No la autoridad correspondiente tendría que sancionar a quienes lanzan acusaciones sin pruebas? ¿No se tendría que señalar si es real o no una acusación de este tipo y al mismo tiempo sancionar al señalado si es responsable o al acusador si no hay pruebas?

Una vez que el proceso electoral concluya, ¿las acusaciones quedan en el olvido? ¿No hay daño alguno en este tipo de señalamientos? ¿Estas actitudes no dañan el proceso? ¿No provocan en el electorado temores que a su vez influyen en el resultado?

Como en Tamaulipas, en el resto de las entidades que viven un nuevo episodio electoral, la violencia en mayor o menor medida, forma parte del proceso. Y los candidatos y los partidos utilizan el problema no para plantear respuestas, sino para buscar ventajas. Y con ello, partidos y candidatos lo que hacen es poner en ridículo a las autoridades encargadas del combate a la delincuencia, al gobierno federal que prometió combatir la violencia con inteligencia y reducir los niveles de inseguridad y, se acepte o no, demostrar su absoluta falta de respeto a los ciudadanos.

El fenómeno de estas elecciones es claro. No hay ideas, debido a que no se necesitan. Lo que se busca es, otra vez, engañar a la sociedad. No se quiere proponer nada, se quiere desacreditar al contrario para alcanzar el poder y después, para disfrutar de ese poder.

La mayor parte de los estados que elegirán gobernador, enfrentan problemas de endeudamiento muy serios. Y nadie lo toma en cuenta. Todos sufren por la inseguridad, pero los que luchan por el poder lo hacen como pandillas, no como partidos.

Ante la pobreza creciente, se postula a Juniors que ni siquiera conocen el estado, que nacieron en otra entidad y que falsean sus declaraciones de bienes. Y nadie dice nada.

Lo importante no es combatir a la delincuencia, organizada o no. Lo que importa es dejar saber que el otro forma parte de las organizaciones criminales.

Así, lo que tenemos a la vista es el hecho, simple, de que los partidos políticos, con el PRI a la cabeza, han oficializado que el combate a la delincuencia en este sexenio es un fracaso total. Que el narcotráfico domina a placer buena parte del país. Y que los programas para pacificar los territorios “ocupados” han resultado en un ridículo total.

Sin olvidar que, gane quien gane, lo que el país tendrá como resultado no será otra cosa que un gran conjunto de puestos electorales ocupados por políticos cuya legitimidad podrá ser puesta en duda siempre, gracias a sus propias confesiones.