PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

 

El gobierno de Enrique Peña Nieto ha decidido no sólo mantener la estrategia, sino endurecerla. Y de un solo golpe marco la ruta que se seguirá, se quiera o no, en torno a casos emblemáticos de la justicia en el país.

Así, el caso de la Guardería de Hermosillo, el de la ejecución extrajudicial en Tlatlaya y el de la desaparición de los normalistas en Iguala, fueron objeto de pronunciamientos legales que, a querer o no, define el futuro. Y por supuesto, su “solución”.

El gobierno parece dispuesto a sostener su apuesta política. Y confiado en que el tiempo ayudará a que todo sea como se ha planeado, aprovechó un fin de semana, con contingencia ambiental dominguera, partidos de futbol “importantes” y crisis políticas en Latinoamérica para dar a conocer los anuncios, por más que se quiera aparentar que todo es parte de resoluciones tomadas en el campo del Poder Judicial.

Así, el caso de los infantes víctimas de muchas maneras en el incendio de la guardería ABC de Sonora, quedó prácticamente cerrado mediante la determinación jurídica en contra de varios involucrados en la tragedia. Pero todos en el plano de los trabajadores, nunca en el campo de los funcionarios que dieron permisos o que aparecían como parte del entramado del negocio. Esto es, todo queda en el terreno de los que carecen de poder para mantenerse en el paraíso de la impunidad.

En el juego de que muchas pistas impiden centrar debidamente la atención y de que ello contribuye a que lo importante quede relegado, se dio a conocer el fallo de juez que dice que los soldados involucrados en el caso Tlatlaya son inocentes. Así, los últimos tres militares detenidos por la ejecución de una veintena de supuestos delincuentes, fueron puestos en libertad.

En un solo movimiento, quedaron sin valor los hechos que acreditaron la manipulación de la escena del crimen, las versiones de los testigos y se determinó que no existió homicidio alguno, y tampoco alteración de los hechos. Total, los muertos no podrán dar su versión. Y las contradicciones corren a cargo de los testigos. Los soldados, como lo dijera el gobernador del Estado de México, Eruviel Avila, lo que merecen es el reconocimiento nacional y homenajes en todo momento y lugar. Algo así como la versión mexiquense de “las armas nacionales se han cubierto de gloria” región 4.

Pero las cosas no paran ahí.

Sobre el caso Iguala, el fallo de juez dice que los normalistas no fueron desaparecidos. Esto es, al no existir la desaparición forzada, la inocencia de cualquier autoridad queda “demostrada”. Dicho de otra manera, aquello de “fue el estado” quedó eliminado de una buena vez y para siempre. Al menos en el “terreno legal”.

Ahora, todo queda cerrado en el asesinato. Y la verdad histórica, en su nueva versión, hace su aparición triunfal. Los culpables son los narcotraficantes, por más que el estado ha sido incapaz de explicar cómo es que esos delincuentes pueden realizar sus actividades con tanta libertad y con absoluta impunidad.

Pero el problema es global. El problema es que salta a la vista que en la estrategia oficial no existe la intención de aclarar realmente qué fue lo que sucedió en cada uno de los casos mencionados. Y lo que

es más importante, que el combate a la impunidad no va ni irá, más allá de los discursos. Hay culpables por decisión política, no por investigación.

La apuesta oficial es clara. Se quiere cerrar casos, no aclararlos. Se sabe por supuesto, que ello tendrá un costo político. Pero se acepta. Después de todo, es obvio que en el campo político, no hay inocentes.

Así, se explica el que en las actuales campañas políticas, el PRI se haya mostrado más preocupado por atacar la honorabilidad de sus rivales, que por presentar proyectos en favor de la sociedad.

Una guerra sucia que quiere, primero, crear el ambiente adecuado para que las decisiones legales sean vistas como “normales” y después, crear el ambiente adecuado para alcanzar la anulación de las elecciones en los estados en los que los votos no favorezcan al priismo.

La estrategia del gobierno dice que nada habrá de cambiar. Y que si se hacen ajustes, serán para endurecer las posturas y no para flexibilizarlas. Y para que todo quede a la vita, ahí están las amenazas de la autoridad en el caso del magisterio y el IPN.

La estrategia para preparar el futuro en base a la dureza.