marcha 1 05El subsecretario del gobierno capitalino, Juan José García Ochoa, informó que anualmente se manifiestan en la Ciudad de México unas 13 millones de personas.

Consideró que su manejo y organización son complejos, pero con decisiones legislativas “podemos dar pasos importantes, como el impulso a protocolos de actuación”.

Estos protocolos servirían no sólo para la policía capitalina, sino también para el mismo personal del gobierno capitalino e interactuar con los manifestantes y con los medios de comunicación.

Agregó que se debe fortalecer y mejorar la actuación de las policías, los ministerios públicos en investigación, acreditación y consignaciones, además de políticas públicas, recursos para capacitación y fortalecimiento de los órganos internos de control, especificó el funcionario.

Aplicar protocolos permitirá tener recursos presupuestales para las víctimas de delito, fortalecer la confianza en las instituciones y establecer diálogo, así como una solución pacífica con la sociedad.

Por su parte, Luciano Jimeno Huanosta, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), se pronunció por impulsar las leyes de “Amnistía y Víctimas”.

Ello podría hacerse incluso antes de llegar al Constituyente, lo que permitirá descriminalizar las manifestaciones sociales, respetar la libertad de expresión y hasta excarcelar a quienes llegan a los reclusorios por delitos menores.

Durante el Foro “Leyes de Amnistía en la Ciudad de México” que se llevó a cabo en el salón Heberto Castillo, el legislador precisó se trabajan los proyectos de ley, en una mesa interinstitucional, de tal manera que lleguen consensuadas “por quienes aplican la ley y a quienes se las aplican”.

Reconoció que el Estado mexicano y distintos entes gubernamentales no han sido capaces de garantizar plenamente los derechos de libertad de tránsito, de expresión y “ya no digamos otros, que son, sin duda, más complicados de cumplir”.

El legislador del Partido Humanista reconoció que hay una severa crisis en la protección de los derechos humanos.

El catedrático de la UNAM, Tepalt Alarcón, consideró que más allá de aplicar protocolos, es dejar de castigar a quienes no están de acuerdo con nuestras ideas y buscar alternativas de diálogo con quienes se manifiestan públicamente.

Mientras que Francisco Estrada Correa, abogado de víctimas de violaciones a derechos humanos, coincidió con Tepalt y precisó: “necesitamos volver a ser una ciudad de libertades y recuperar la confianza de salir a la calle sin miedo a expresar nuestras ideas”.