PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

 

Después de todo, la degradante Guerra sucia que Libran los partidos políticos y sus candidatos como parte de la contienda electoral que se vive en la mitad del país, podría resultar en algo positivo. Claro, si las autoridades correspondientes cumplen con sus obligaciones.

Para nadie es un secreto que, por ejemplo, el aparto de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ha resultado abiertamente incapaz para controlar movimientos y origen de capitales que supuestamente, tendrían que ser regulados.

Del mismo modo, para nadie es un secreto el que la Procuraduría General de la República tendría que tener no sólo bajo investigación, sino debidamente detectados y capturados, a los líderes de la delincuencia, organizada o no.

Del mismo modo, sabemos que ambas dependencias no dan los frutos que se podrían esperar.

Por ello es que las actuales campañas político electorales que terminarán con la renovación de autoridades en quince entidades, entre ellas doce gubernaturas, podrían ayudar de manera especial a que Hacienda y PGR avancen de manera importante en el cumplimiento de sus funciones.

Es obligado pensar que en estos momentos, en las citadas dependencias existe ya una profunda y seria lista de investigaciones sobre partidos y candidatos y hasta sobre autoridades en funciones.

Los partidos y los candidatos han lanzado tal cantidad de acusaciones sobre sus rivales, todas ellas de una seriedad obvia. Y aun cuando, lo hecho sin aportar pruebas, o lo han hecho con pruebas prefabricadas, puede suponerse que la autoridad ha emprendido e trabajo al que está obligada.

La situación es sencilla. Hay acusaciones sobre pederastia, sobre encubrimiento de ilícitos, de saqueo de la hacienda pública, de corrupción, de ligas con la delincuencia organizada, con especial énfasis en el narcotráfico. De enriquecimiento inexplicable, de riquezas que van más allá de la imaginación. En fin, hay de todo y para todos.

Es claro, que se trata de procesos electorales. Y que todos aspiran a conquistar el poder, sin reparar en los mecanismos que se emplean para ello.

Pero también es claro que con esa actitud lo que logra es engañar a los ciudadanos. Y con ello, se provoca un daño a la legitimidad del proceso y por ende, a la legitimidad de la nueva autoridad, sea cual sea.

Ello obliga, o tendría que obligar a las autoridades respectivas a tomar cartas en el asunto.

Y al hacerlo, tendríamos en plazos relativamente cortos, la captura de varios políticos señalados como parte de la red de los cárteles de la droga. De todos los partidos Otros más tendrían que ser llamados para rendir cuentas sobre sus riquezas y la forma en que crecieron como lo han hecho. Especialmente cuando los señalados todo lo que han hecho en su vida es desempeñarse en el servicio público.

Habría claro, está, funcionarios hoy en funciones pero que dejarán de serlo y que tienen el veredicto popular sobre sus cabezas para el domingo 5 de junio y que han sido señalados como artífices de profundo daño económico a sus respectivas entidades.

Hacienda tendría que explicar además, cómo es que no pudo detectar desde antes, todas las irregularidades financieras que hoy forman parte de las campañas. Otro tanto tendría que hacer la PGR que tendría que aclarar las razones por las que las ligas de partidos, políticos y candidatos con el narcotráfico no fueron detectadas y se supo de ellas sólo en el momento en el que la lucha electoral exhibió la magnitud del problema.

Pero existe otra posibilidad. Que todo haya sido mentira. Manipulación de las condiciones del país y demostración de lo que es la lucha por el poder en nuestro país.

Entonces, las autoridades tendrían que señalar que todo fue una trampa electoral. Con resultados o no, pero un vil engaño ante la sociedad. Y por supuesto, tendrían que exhibir a los responsables, aplicar las sanciones del caso y acreditar la honestidad de los difamados.

Si esto no sucede, y todos sabemos que no sucederá, el efecto de la guerra sucia no sería tan importante como si las autoridades cumplieran con sus obligaciones. Pero nos quedaría el hecho de saber que gracias a políticos, partidos y candidatos, las autoridades encargadas de proteger a la sociedad y de sancionar a los delincuentes, de todo tipo, son simplemente, parte del mismo juego que, se acepte o no, lo único que pretende es manipular las elecciones.

Esto es, quedaría totalmente a la vista que el poder público se usa como instrumento político. Par ganar elecciones y engañar al votante.