PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

 

Como parte de la nueva estrategia oficial, que pretende dejar atrás los grandes problemas del gobierno de Enrique Peña Nieto, aparece el intento por apoderarse de la agenda política nacional en base a debates que llaman la atención, y pueden rendir frutos mediáticos.

Sin embargo, la parte más importante en esa parte de la estrategia oficial no es, ni será, el contenido de los mensajes, sino el impacto que ellos tienen sobre los aliados del gobierno. Tal vez se tendría que decir exaliados.

El gobierno peñista se fincó en la construcción de una gran alianza en la que se dio cabida a grupos políticos y económicos. Y se marcó distancia con otros. Nadie se sintió abandonado. Había claridad en el comportamiento.

Así, con el triunfo en las urnas, los ganadores fueron claramente identificados, lo mismo que los perdedores.

La alianza en el poder se lanzó en pos de nuevas metas. Y luchó por expandirse. Y se llamó a los rivales políticos a un nuevo trato que dio vida al Pacto por México. Se buscó la unanimidad, por más riesgos que ello implicaba. Ahí se consolidaron las reformas estructurales que, se dijo, le darían al PIB cuatro puntos apenas fueran aprobadas.

Pero la realidad se opuso. Y en poco más de un año, la caída del gobierno fue patente. Y además, la crisis internacional llevó a las reformas a una posición de franca debilidad. Los logros llegarían. Pero en el mejor de los casos, en el largo plazo. El gobierno se vio obligado a implementar una estrategia de control de daños, con la idea de que aún podría regresar a la ruta del éxito.

De nueva cuenta, la realidad se encargó de dejar las cosas en claro. La caída no sólo se mantenía, sino que podría ser desastrosa.

Así, se decidió aplicar una reforma fiscal que, entre otras muchas cosas significaba el rompimiento de las alianzas con el empresariado que había sido soporte en la conquista de la candidatura, primero y, después, de la Presidencia.

Las quejas no se escucharon. La distancia entre los viejos aliados aumentó. Y creció mucho más cuando se entendió que los privilegios a ciertas empresas y empresarios se mantendrían contra viento y marea. El golpe fue claro. Tanto como la reacción. La economía sufría los efectos.

Del mismo modo, el gobierno decidió endurecer su posición ante los medios de comunicación. No había más estrategia de comunicación que la que deriva de la aplicación de la fuerza y la presión. La divisón fue simple: los que están conmigo y los que están contra mi.

Ahora, aparece el clero. Y se entiende la razón por la cual desde los órganos oficiales de la Iglesia Católica se había dejado sentir, desde hace unas semanas, la fuerte crítica en contra del gobierno. Temas como la corrupción fueron puestos como bandera. Y la Iglesia anunciaba su decidida participación en luchas sociales como la de la llamada Ley 3de3.

Las especulaciones corrieron de un lado a otro. ¿Qué tenía tan molesto al clero mexicano?

Ahora, con el proyecto propuesto por EPN para que la Constitución proteja a los matrimonios gays y éstos tengan oportunidad de adoptar, el conflicto queda claro.

La Iglesia Católica no sólo se opone a esta propuesta, sino que está dispuesta a llevar su batalla a los extremos. El gobierno parece haber decidido lanzar por la borda otra alianza. Y las razones no quedan claras.

Es obvio que la protección a los homosexuales le dará apoyos al gobierno. Y es claro que parece que con ello se busca llamar la atención internacional sobre el deseo del gobierno mexicano de avanzar en el terreno de los derechos humanos.

Pero también lo es el que, dígase lo que se diga, el proyecto tendrá un efecto efímero. Y que en el mejor de los casos, habrá tantos votos a favor de la propuesta, como los habrá en contra. El Congreso puede avalar la iniciativa, pero la Iglesia podrá desacreditarla en mayor medida. Habrá legalidad, pero quedará la moralidad. Y es fácil entender quiénes saldrán avante en esta parte de la lucha.

Del mismo modo, es obvio que el impacto mediático puede ser positivo. Pero no podrá remediar el impacto negativo que el gobierno, el PRI y el Partido Verde aportaron con el rechazo a impulsar la citada Ley 3de3.

El gobierno quiere aparecer con una agenda en la mano y con el control de ciertos temas. El problema es que su agenda no es la de la sociedad y que su control solo demuestra que sus objetivos están diametralmente opuestos a los de la sociedad.

Un mensaje que llama la atención, especialmente por que el país vive un proceso electoral complicado y riesgoso.