PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

 

El gobierno federal no solo rechazó la demanda social para imponer reales controles al problema de la corrupción, sino que ha decidido castigar a quienes intentaron presionarlo para que aprobara la ley 3de3. La fuerza como respuesta a las exigencias de la sociedad.

La alianza PRI-Verde en el Senado de la República fue lo suficientemente hábil para dar vida a un paquete anticorrupción que en nada resuelve el problema. Nuevas leyes que no sirven de nada ante la inexistencia de voluntad política para combatir el problema que en estos momentos, es considerado como el que más molesta a los mexicanos.

Y si los empresarios se atrevieron a externar en foros internacionales el malestar existente en el país provocado por la corrupción, la respuesta del gobierno vía sus senadores, es simplemente, quitarle peso a la demanda social y, al mismo tiempo, aplicar medidas a los empresarios que se buscaban para controlar a los políticos y los funcionarios públicos.

El gobierno escucho por supuesto, el impacto en las urnas. Pero calculó que el costo político se había pagado ya. Y así, impuso su voluntad. Con el argumento del respeto a la privacidad, la opacidad que protege a políticos y funcionarios, se mantiene. Y como sanción, os empresarios tendrán que dar a conocer su patrimonio para poder obtener contratos con el gobierno.

Pero el choque con los empresarios tiene mucho más de contenido.

Fueron los grupos empresariales, por supuesto, los que formaron parte de la alianza que finalmente llevó al poder a Enrique Peña Nieto. Una alianza que se pensó, tendría un proyecto económico de grandes cambios en muchos sectores.

El resultado sin embargo fue el de que sólo un grupo pequeño y bien definido de empresarios quedara como gran beneficiario de los contratos oficiales. Contratos que además, no demostraban estar ligados a los proyectos hechos antes de la conquista del poder.

La imagen de corrupción apareció intempestivamente y alcanzó niveles muy serios. Y nada se hizo para combatirla. Nada que no fueran juegos de imagen, como en el caso de las casas Blanca y de Malinalco.

La distancia con los empresarios aumentó en el momento en el que el gobierno decidió imponer su reforma hacendaria. Los empresarios señalaron que ese proyecto detendría de muchas maneras, el avance de la economía. Daría dinero vía impuestos, pero provocaría efectos negativos en la inversión. Pero la determinación se mantuvo. Los empresarios que habían protestado, tendrían que pagar por su atrevimiento.

Ahora, cuando los empresarios decidieron respaldar la demanda social en favor de que los políticos y los funcionarios dieran a conocer sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal, el gobierno simplemente endureció las posiciones.

Jugo con los tiempos. El Senado con Emilio Gamboa a la cabeza, se convirtió en la punta de lanza no sólo para detener el proyecto y quitarle toda posibilidad de realmente servir para combatir la corrupción,

sino que pasó a ser el mecanismo para demostrar que en el gobierno no se aceptan protestas. Y menos organizadas.

La demostración de fuerza, disfrazada de legalidad contra la CNTE. La demostración de fuerza contra los empresarios vía modificaciones legales más que forzadas. Y el no escuchar el verdadero contenido del resultado en las urnas, deja ver el puno del gobierno. Y la voluntad para no cambiar el rumbo.

La fuerza como instrumento de gobierno. Contra todo el que se atreva a protestar.

El problema de esto es que una decisión de esa naturaleza, implica contar con por lo menos, una cuota importante de capital político.

Y eso es precisamente, algo que el gobierno no sólo no tiene, sino que las encuestas muestran que su caída en la aceptación es acelerada.

De esta manera, la fuerza se convierte no en una ruta de solución, sino en el camino seguro a la confrontación.