PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

 

El gobierno, contra todo lo que se dice, no ha cambiado su estrategia. Decidió aplicar la venganza en contra de los empresarios y dejó abierta la amenaza en contra de los ciudadanos. Pero con la fórmula con la que había hecho las cosas. Lo novedoso en esta ocasión es, precisamente, que abandonó el ben modo, para aplicar la fuerza.

Con un muy pequeño ejercicio de memoria, se recordará como, recién iniciada la administración de Enrique Peña Nieto, el “nuevo PRI” se preparaba para pelear en poco más de la mitad de las entidades de la Federación, la renovación de los Congresos locales.

Para esa ocasión el gobierno y el PRI decidieron combatir de manera más o menos, democrática. Tenían en la mente la necesidad de ganar para, en su momento, tener los votos necesarios para poner en marcha las reformas estructurales. Necesitaban tener los congresos locales para poder dar vida a los cambios constitucionales que se avecinaban.

Los esfuerzos para lograr los triunfos requeridos fueron enormes. El gobierno de EPN incluso detuvo todos los programas sociales ante las quejas del PAN que en Veracruz alcanzaron un nivel especial gracias a las tropelías de la administración de Javier Duarte.

La Cruzada contra el Hambre, en ese entonces la bandera insignia del gobierno peñista, fue simplemente congelada. La fuerza, pero en ese momento para consentir al PAN que imponía condiciones para mantenerse dentro del Pacto por México. Sacrificio de los pobres para cumplir con el objetivo mayor. La fuerza, pero disfrazada de acuerdo político.

Una vez que el triunfo llegó a las manos priistas, todo lo demás se desató con os resultados de todos conocidos.

Así se avanzó y se hizo frente a casos como el de Tlatlaya. La fuerza y la cerrazón. Siguieron los retos de Iguala y las casas Blanca y de Malinalco. Y la fuerza se utilizó para tratar de ubicar as culpas en las autoridades de Guerrero y para demostrar que no existía corrupción en la compra de las citadas propiedades. La fuerza para negar la realidad. O al menos para desvirtuarla.

Ante el reto de las elecciones federales intermedias, el gobierno suavizó su accionar. Pero la fuerza se utilizó para debilitar a los rivales. Terminado el Pacto por México el reto ahora consistía en alcanzar la mayoría en el Congreso. Pero poco se decía para qué se quería esa mayoría.

Pero llevar como aliado al corrupto Partido Verde no permitía pensar en cosas buenas. Se toleró tanta corrupción electoral a los verdes, que se sabía el tamaño de los efectos que ello tendría en las decisiones en el Congreso.

El PVM resultaba el aliado perfecto para el PRI. Pero no se tenía claro para qué. Se sabía que no sería algo positivo. Pero el vaticinio no resultaba alentador.

Ahora, a un año de las elecciones que dieron al PRI y al Verde la mayoría en San Lázaro, la fuerza ha salido a relucir. La fuerza como venganza. Como revancha ante quienes se atreven a pensar que tienen derecho a saber con precisión, sobre el comportamiento de los políticos y los funcionarios públicos.

Así, el PRI y la corrupción que le persigue, sumada a la corrupción que representa el Partido Verde dejaron pasar la oportunidad para recomponer muchas cosas. Siguieron el paso marcado por los senadores priistas y sin rubor alguno, acabaron con la esperanza de los ciudadanos que llegaron a creer que el combate a la corrupción podía ser cierto.

César Camacho y Emilio Gamboa son políticos obedientes. Siguieron las instrucciones recibidas. Y lo hicieron sin que les temblara la mano. Después de todo, no podían aceptar afectaciones a sus intereses particulares.

El mensaje está claro. El gobierno no cambió nada en su accionar. La fuerza ha sido su constante desde que arrancó su mandato. Ahora sólo es más evidente. Y ello simplemente, refleja su debilitad política.

La faltad e capital político obliga a endurecer las medidas y las decisiones. Pero la respuesta podría ser el recrudecimiento del malestar social.

Y el resultado puede ser, en muchos sentidos, algo más que desagradable.