Por Norberto DE AQUINO
La crisis desatada en Oaxaca por la cerrazón oficial ante las demandas de la CNTE, ha puesto de manifiesto, por enésima ocasión, la creciente debilidad política del gobierno de enrique Peña Nieto, la desesperante incapacidad para reconocer los problemas y la preocupante baja calidad de la información con la que la administración federal toma sus decisiones.
Esto por supuesto, no es algo novedoso. Ha sido la constante en el gobierno. La realidad poco importa si no se ajusta a los deseos y visión del régimen. Y ello ha llevado al grupo en el poder a un nuevo tropezón que, desde Oaxaca, puede desbordar de muchas maneras, a las instituciones no sólo de seguridad.
La distancia existente entre la realidad y la información que recibe el presidente de la República quedó de manifiesto el pasado día cinco del presente. El gobierno esperaba, basado en sus informes, un triunfo arrollador del PRI. La realidad fue que el gobierno había sufrido un desastre electoral absoluto. Lo poco que se había rescatado, nada tenía que ver con el optimismo con el que se inició la jornada electoral.
Información no sólo incompleta y manipulada, sino totalmente falsa fue la que se manejó lo mismo en el PRI que en Los Pinos. Y el desastre tomó a todo el gobierno por sorpresa.
Y nada se hizo para remediar la situación: se dijo que el mensaje ciudadano enviado desde las urnas, se había recibido fuerte y claro. Pero no se aplicaron medidas de ningún tipo para resolver la crisis.
Ahora, desde Oaxaca y en buena medida gracias a la receta fincada en la fuerza aplicada por Aurelio Nuño, llega una segunda parte del mensaje de la sociedad. La reforma educativa no es más que la bandera con la cual se convoca a una lucha política. Y el gobierno no sabía lo que sucedía.
El problema es un poco más serio si se toma en cuenta que, incapaz de entender el malestar social, el gobierno decidió no sólo burlarse de la sociedad con la ley 3de3, sino que se volcó en sus afanes de venganza para sancionar a quienes como los empresarios, se atrevieron a demandar transparencia en el sector público.
Y con esa decisión, le guste o no al gobierno, desacreditó políticamente al Congreso en lo general y a las bancadas del PRI en ambas Cámaras, en lo particular. Emilio Gamboa y César Camacho perdieron el muy poco capital político con el que contaban. Ahora, sin duda alguna, no son más que los títeres del Ejecutivo encargado de manipular las negociaciones políticas para aprobar la voluntad presidencial. Y claro está, para evitar que los proyectos que puedan dañar al grupo en el poder, avancen.
Pero el presidente de la República no sólo dejó dañado al Congreso. Su partido, el PRI acabó totalmente dañado después del proceso electoral. Fracturado por las ambiciones futuristas que reinan en el gobierno y arrinconado por una sociedad que, al repudiarlo en las urnas, mostró que el PRI tendrá que ir mucho más allá de los discursos si es que en realidad quiere recuperar algo del terreno perdido.
El presidente tiene la mayoría en el Congreso y cuenta con el partido mayoritario tras de sí. Pero esa mayoría legislativa carece ya de legitimidad y el PRI carece de credibilidad. Son meros figuras decortivas en el discurso oficial.
Al mismo tiempo, y a pesar de lo que las encuestas quieren que creamos, el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio, ha perdido confianza entre las fuerzas políticas. No es creíble que los sucesos de Oaxaca no fueran debidamente detectados. Y si embargo, se dejó correr la problemática hasta que la crisis estalló en violencia y muertes. El fracaso registrado en materia de seguridad a lo largo del sexenio cobró nueva vida en Oaxaca. Y deja al presidente de la República sin un verdadero titular en Gobernación. Puede existir fuerza, pero no capital político.
Haber aceptado que en las primeras respuestas al choque en Oaxaca se dijera que no había habido policías armados no sólo fue un error político, sino que se debe entender como un nuevo intento por mentirle a la sociedad. En el mejor de los casos. La irresponsabilidad es más que evidente.
Y finalmente, queda el caso de Aurelio Nuño como titular de la SEP. Es obvia su responsabilidad en el choque. Su desesperación por demostrar que a base de aplicar medidas de fuerza se puede hacer avanzar la reforma educativa, no es más que la evidencia de la imprudencia del funcionario. Negarse al diálogo y a cambio endurecer el puño no es una receta adecuada para sacar adelante proyecto alguno.
Ahora, ya hay muertos. Y la CNTE tiene nuevos apoyos de organizaciones de todo tipo. Y en el exterior no se critica más que al gobierno federal, el cual en espacios más que reducidos de tiempo, no sólo ha perdido terreno, sino que ha enarbolado la bandera del “todo o nada” en una apuesta que, termine como termine, dejará totalmente lastimada la imagen del presidente de la República. Y para siempre.

