PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

 

Lejos de encontrar una ruta de salida a la creciente crisis política que vive el país, el gobierno de Enrique Peña Nieto parece decidido a crear mayor confusión. Y con ello, elevar el grado de tensión.

El país vive un choque del gobierno con el clero católico, con los empresarios a los que se ha tenido que pedir perdón públicamente, con los maestros a los que se acusó de delincuentes y ahora se le da nivel de interlocutores, y con la sociedad la cual sencillamente repudió al gobierno en las urnas el pasado día 5 del presente.

Por ello no se entiende el mensaje enviado desde Los Pinos para explicar el veto presidencial a parte de la famosa ley 3de3. El gobierno parece decidido a mantener la estrategia de no perder oportunidad alguna para dispararse en los pies.

Humberto Castillejos, consejero jurídico de la Presidencia, hizo el anuncio del veto presidencial. Y explicó que se había decidido ello debido a que la ley aprobada en el Senado y la Cámara de Diputados contenía medidas que violaban derechos de particulares y que hacían inoperante el sistema nacional anticorrupción.

Más aún se dejó claro que el combate a la corrupción no podía fincarse en la violación de los derechos humanos.

Dicho de otra manera, la Presidencia de la República ponía en claro que los senadores del PRI como autores del bodrio en que se convirtió la demanda de la sociedad por llevar el combate a la corrupción a niveles de efectividad real, lo que habían aprobado nada tenía que ver con el objetivo del proyecto. Es más, habían dado paso a violaciones a los derechos humanos.

Y a este festival de torpezas políticas se sumó con singular alegría, la bancada priista en la Cámara de Diputados. Emilio Gamboa y César Camacho habían puesto al gobierno contra la pared, habían traicionado las esperanzas de la sociedad y habían creado el ambiente necesario para que el gobierno chocara sin más, con los empresarios.

Y esto que dijo la Presidencia, todo el mundo lo tenía claro. Especialmente los empresarios que no dejaron de presionar en todos los tonos y foros, hasta que fueron recibidos en Los Pinos e inmediatamente vieron atendidas sus quejas.

Presidencia de la República no descubrió nada. Pero sí expuso con toda precisión la razón de buena parte de los problemas: la impunidad.

Si los legisladores del PRI dieron paso a un proyecto que entre otras muchas fallas, daba vida a la violación de los derechos humanos ¿el PRI no tiene nada que decir? El líder de la Cámara de Diputados es el exdirigente nacional del PRI. Y la señora que hoy se presenta como dirigente nacional también se desempeña como diputada ¿El gobierno está de acuerdo con esta situación?

¿En qué momento se dio cuenta el gobierno de lo que los legisladores querían aprobar? La discusión sobre la ley 3de3 tenía un buen tiempo atorada en el Senado incluso se violentó el plazo programado

para la aprobación de las leyes del llamado paquete anticorrupción. ¿Gamboa, Camacho y la señora Carolina Navarro no recibirán por lo menos, una llamada de atención por su evidente falta de responsabilidad?

¿Cómo espera el gobierno que la sociedad crea que su malestar es real, cuando sus legisladores aprobaron un proyecto que ahora resulta es violatorio de los derechos humanos? ¿Y cómo espera que se confía en su postura si no hay sanciones de ninguna naturaleza contra quienes demostraron no tener capacidad para crear una ley? ¿Cuántas ocasiones ha pasado lo mismo y nunca se ha puesto remedio?

El gobierno acepta que hay errores en la ley y por ello se ha vetado en parte. Emilio Gamboa en una demostración brutal de cinismo, acepta que algo se hizo mal. Pero es todo.

Así, no importa lo que suceda con la ley 3de3. O con el resto del paquete anticorrupción. El problema es que la impunidad se mantiene en las filas de los allegados al gobierno.

Y si ello es así, tenemos que entender que, se reconozca o no, todo lo sucedido estaba en el conocimiento de Los Pinos. Y que fue hasta el momento en que se sintió la presión provocada por el malestar que se decidió dar marcha atrás. Pero todo dentro del cálculo político.

César Camacho es mexiquense. Y cuadro dedicado a obedecer sin chistar, las órdenes que recibe del poder. Poco importa si lo que aprueba viola o no los derechos humanos. Emilio Gamboa demostró el grado de su cinismo el reconocer su error. Pero también la burla hacia la sociedad. A sabiendas de que tiene la protección total. Después de todo, sólo obedeció órdenes.

Y la nueva presidenta del PRI, mexiquense y prima del presidente de la República, que votó con gran alegría un proyecto para violar derechos humanos. Y que además, ni siquiera ha tenido el valor político ya no sólo de reconocer su error, sino de entender el malestar social provocado por su actitud.

Los Pinos ha puesto en claro lo sucedido. Lo que no se sabe es si esto es lo que realmente querían lograr.