Por Norberto DE AQUINO
Si la corrupción y la impunidad son dos de los temas que más molestan a la sociedad, junto con la violencia y la inseguridad, los políticos en el poder parecen dispuestos a ignorar esa situación y sin importar las consecuencias, han dado sobradas muestras de su determinación para evitar que las cosas cambien.
Así, en tanto los discursos sobre el combate a la corrupción y la impunidad van y vienen en todos los tonos y en todos los foros, la realidad le dice a los mexicanos que más vale prepararse para que nada cambie.
Las elecciones del pasado día 5 del presente arrojaron un sado terrible para el gobierno y su partido. Derrotas no sólo en la mayor parte de las entidades involucradas en el proceso, sino con una clara y contundente demostración ciudadana que tenía contra sus gobiernos un claro resentimiento. Y el voto fue la venganza.
Pero las respuestas no han sido para nada, las que podrían esperarse en un proceso realmente democrático.
Los gobernadores de Quintana Roo, Roberto Borge, y de Veracruz, Javier Duarte, que saldrán de sus cargos con la amenaza de quienes serán sus sucesores de ser investigados y llevados a la cárcel por corrupción, han tomado medidas no para aclarar las cosas y menos las cuentas, sino para crear mecanismos que, por lo menos dificulten al máximo el cumplimiento de las promesas de sus sucesores
Dicho de otra manera, los gobernadores salientes, ambos del PRI, han utilizado a sus Congresos, dominados por el PRI, para dar vida a lo que ya se conoce como “paquetes de impunidad”, para proteger su futuro.
Esos paquetes incluyen autoridades, como un fiscal, que tendrán el control sobre cualquier investigación en su contra. Esto es, el PRI que habla en contra de la corrupción es el mismo que además de boicotear la ley 3de3, ahora respalda las medidas de “protección” de dos de sus gobernadores a punto de dejar el poder.
El PRI simplemente vota a favor. Como lo hicieron senadores y diputados con la ley 3de3. Protección para los suyos y burla a la sociedad. Venganza contra quienes demandan transparencia y combate a la corrupción y protección absoluta para quienes están considerados como dos de los gobernadores más corruptos en la historia moderna del país.
El que Roberto Borge y Javier Duarte intenten evadir una investigación efectiva sobre los manejos que hicieron de la hacienda pública no sólo no es sorpresivo, sino que puede considerarse como algo obligado de parte de quienes utilizaron el cargo público para el beneficio privado.
Lo sorprendente es que el PRI como partido político, no tenga clara la situación.
Con una derrota a cuestas nos sólo inesperada, sino considerada como catastrófica, el dar apoyo a dos figuras políticas consideradas como ejemplo de la corrupción política parece una burla sangrienta contra la sociedad.
Es posible que gracias a los “paquetes de impunidad” que han creado tanto Borge como Duarte, estos políticos puedan eludir el tener que enfrentar a la justicia. Es posible. Aún cuando sea por un tiempo, tomando en cuenta que en Veracruz el nuevo gobierno durará sólo dos años, con poco menos de un año dedicado a la campaña presidencial-
Pero lo que es seguro es que la sociedad en ambas entidades y en el país en general, tendrá caro que este PRI votó en el Congreso contra las medidas para combatir la corrupción, Que este es el PRI que respaldó sin titubeos la corrupción de sus gobernadores.
Y que ese será el PRI que el año próximo pedirá el voto en el Estado de México, para de ahí saltar en el 2018, a solicitar el apoyo para la sucesión presidencial.
La apuesta es muy fuerte. Y con Duarte y Borge burlándose de la ley y de los ciudadanos, conseguir votos no será nada sencillo.

