PERSPECTIVAS

Por Norberto DE AQUINO

 

El reto planteado por la CNTE ha provocado daños muy serios en el gobierno federal, que además de verse obligado a una costosa retirada política, ha dejado ver que en sus filas existe de todo, menos capacidad real.

En el caso del problema educativo, los movimientos hechos por el gobierno ante la disidencia, llevaron ya a sectores a plantear desafíos legales en los que la posible inconstitucionalidad de los acuerdos con la CNTE se convierte en una verdadera calamidad política.

Y ello entonces, se convierte en algo mucho más grande y serio, ya que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha mostrado más voluntad que inteligencia. Y sus recursos para aclarar las cosas son, en el mejor de los casos, magras. El cumplimiento con las responsabilidades no es algo de lo que el gobierno pueda presumir.

Ahora es la posible violación de la ley en los acuerdos con la disidencia magisterial. Pero esto es apenas uno de los puntos sobre ese tema.

Podemos por ejemplo, como en septiembre del año pasado, varios judiciales federales, sembraron una pistola al abogado de Infraiber, Paulo Díez Gargari. Esta empresa tiene un pleito legal con OHL, empresa ligada a importantes contratos con el gobierno federal y del Estado de México.

La grabación en la que los policías cumplían “con su misión” no fue suficiente para terminar con la acusación de portación ilegal de armas en contra del abogado. Y la PGR no ha concluido la investigación que dijo, se realizaría. Un año no es suficiente para aclarar algo que todo mundo vio con toda claridad.

Del mismo modo, el gobierno, vía su bancada en el Senado de la República primero, y después en la Cámara de Diputados no sólo se burló a la sociedad en el tema de la 3de3, sino que modificó la propuesta ciudadana de tal manera, que la venganza en contra del sector empresarial fue más que evidente.

Presidencia de la República anunció que vetaría el proyecto ya que violaba derechos de aquellos que quedarían encuadrados en el proyecto. Violación de derechos fue el argumento.

Con todo el cinismo del caso, Emilio Gamboa, líder de los senadores del PRI, reconoció que el proyecto aprobado por su grupo de legisladores con él a la cabeza, habían cometido un error. Es sencillo resumir el caso: los priistas habían aprobado una ley que dañaba los derechos de los ciudadanos. Y si el Ejecutivo no hubiera cambiado las cosas, aquello habría sido un desastre.

Y no hubo ni sanciones ni disculpas. Menos remociones. Todo mundo feliz y contento. Habían puesto a los empresarios en orden, aun cuando para ello habían hecho el ridículo y expuesto al país en un nuevo ridículo internacional.

Del mismo modo, Tomás Zerón, titular de la Agencia de Investigación Criminal, fue grabado en una visita al basurero de Cocula en algo que para muchos, fue la siembra de pruebas sobre el caso Iguala. Llevó a esa “diligencia” a uno de os detenidos, sin abogado y violentando la normatividad.

La PGR, otra vez la PGR, primero guardó silencio. Y cuando organismos internacionales desmintieron la versión del señor Zerón, anunció una investigación sobre lo sucedido. Al igual que en el caso del abogado de Infaiber, nada ha pasado. Y Tomás Zerón se mantiene firme en su cargo. Y con todo el poder del caso.

Se podría citar por supuesto, el caso de Tlatlaya, con el gobernador del Estado de México, Eruviel Avila festejando una labor del ejército que no fue otra cosa que una ejecución de una veintena de supuestos delincuentes, sin que nadie haya resultado responsable. Todos los militares detenidos fueron ya puestos en libertad.

O se podría habar del caso del “fuego amigo” que denunció Alfredo Castillo en el caso Apatzingán que fue un desastre de la policía federal. O del caso Tanhuato. O de varios más.

Pero la constante es sencilla y fácil de observar. La violación de la ley no es algo ajeno en las acciones del gobierno. Ya sea en los acuerdos con el magisterio o en las de los grupos de seguridad, tanto como en el trabajo político.

Y entonces, lo que tenemos en la mano es que, más allá de los discursos, el estado de derecho tiene grandes dificultades para desarrollarse. Dificultades que en buena medida, inician con el “trabajo” del propio gobierno.