GarfiasFrancisco Garfias

 

A Graco Ramírez le preguntamos sobre la petición de senadores de la bancada del PRD, su partido, que se unieron al Frente Amplio de Morelos, que encabeza el poeta Javier Sicilia, para exigir la salida del polémico mandatario de esa entidad, al que acusan de “dictador y fascista”.

“¿Renunciar yo? ¿Por qué?, no hay delitos que perseguir”, reviró el gobernador, que quiere ser presidente en 2018.

Las fosas de Tetelcingo (119 cuerpos recuperados); las broncas en la UAEM y el conflicto con los transportistas obligaron a los senadores a abrir las puertas de la Cámara alta a los aguerridos integrantes del FAM, que llegaron a ese recinto legislativo con gritos de “¡Fuera Graco!”.

En el mitin-rueda de prensa, que organizaron en el llamado Patio del Federalismo, apareció el mismísimo Miguel Barbosa, coordinador de los senadores del PRD.

Lo acompañaban Alejandro Encinas, Rabindranath Salazar, Fidel Demédicis, quienes ya no son del PRD, pero siguen adscritos a esa bancada. Completaban la priista Lisbeth Hernández y la petista Layda Sansores.

Además de Sicilia, al frente del FAM iba el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera.

Los inconformes entregaron en la Cámara alta una solicitud de desaparición de poderes en Morelos. Le piden cuentas a Graco por la inseguridad, las fosas y las broncas económicas que tiene el estado.

El gobernador dice que no hay tal. “Lo que sí hay es un rector acusado de desvíos millonarios por la Auditoría Superior de la Federación, una fosa común, que no clandestina, que es su cortina de humo”, aseguró Ramírez.

¿Canibalismo en el PRD?, preguntamos. El gobernador dijo que en el mitin-rueda de prensa sólo había un perredista, Miguel Barbosa. A Encinas, Salazar y Demédicis los calificó de morenos o independientes.

Graco se le fue a la yugular a Alejandro Vera, el rector.

“Él descalificó la información que ha dado a conocer la Auditoría Superior de la Federación con respecto a la situación que guardan las finanzas de esta casa de estudios”, dijo.

Y más: “El propio titular de la ASF confirmó que existen irregularidades por más de 700 millones de pesos en la UAEM, derivado de un contrato en 2013 con la Sedesol”.

Paralelamente, nos mandó un oficio de Juan Manuel Portal —fechado el 26 de agosto de 2016— en el que hace un reconocimiento a los servidores públicos de Morelos.

El oficio OASF 1477/2016 de la oficina del auditor dice que, una vez consultada la página de internet de esa entidad federativa, se observó un cumplimiento del 100% en la obligación de publicar los informes trimestrales de uso y destino de los recursos en los plazos establecidos en las leyes correspondientes al segundo trimestre de 2016.

“No cualquier gobernador tiene una carta así. Con humildad te lo digo”, presumió Graco. Casi un “esa carta no la tiene ni Obama”.

Llama la atención la pasividad de las organizaciones de derechos humanos frente a la acción de inconstitucionalidad que presentó la CNDH, el pasado 22 de junio, en contra de las reformas a diversos artículos del Código de Justicia Militar y del Código Militar de Procedimientos Penales.

Las reformas las aprobó el Congreso el pasado mes de abril. Extienden la jurisdicción militar al ámbito civil.

Por ejemplo, otorgan al Ejército facultades para intervenir llamadas telefónicas o cuentas de internet, hacer levantamiento de cadáveres o tener sus propios testigos protegidos.

Los militares podrían requerir y obligar a comparecer a personas civiles para que suministren informes, documentación y datos para la investigación de hechos delictivos de la competencia militar.

Hacer diligencias como cateo o ingreso a domicilios particulares de civiles, buques, embarcaciones, aeronaves, medios de transporte extranjeros en territorio mexicano, residencias públicas, sin autorización judicial de la autoridad competente.

La acción de inconstitucionalidad de la CNDH —que impugna cuatro artículos del Código de Justicia Militar y 40 del Código Militar de Procedimientos Penales— fue presentada el pasado 15 de junio y turnada a la ponencia del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien la admitió a trámite.

Uno se pregunta, ¿dónde estaban los senadores y los diputados al aprobar este bodrio, en los momentos en que México está más cuestionado que nunca por las violaciones a los derechos humanos?

Martha Tagle, senadora independiente, recuerda que las reformas a los Códigos de Justicia Militar y Penal Militar se aprobaron en fast track.

Era la última sesión del periodo ordinario que culminó en abril pasado. Calcula que el trámite en el Pleno se llevó poco más de una hora. Un dictamen de 700 hojas. La mayoría de los legisladores no sabían ni lo que aprobaban.

Pero a la perredista Angélica de la Peña no se le escapó el detalle. Metió cinco reservas en las que cuestionaba el cateo a propiedades civiles por parte de militares y la intervención de comunicaciones privadas de particulares.

Pero también la comparecencia de civiles en la jurisdicción militar, la ausencia del concepto reparación integral del daño, la definición que, para efectos de Código Procesal, se hace de víctima del delito. La mandaron a volar.

Buscamos a Alejandro Encinas para conocer su opinión. Nos habían dicho que el senador adjunto al PRD fue el más combativo en tribuna cuando se presentó la reforma.

Nos mandó el recado de que salía al patio del Senado a hablar con nosotros en breve. Nunca apareció. El tema no fue de su interés.

Preguntamos a uno de sus colegas si lo habían visto. “Está abajo comiendo con la senadora Laura Rojas (PAN)”, nos dijeron.