La Procuradora General de la República, Arely Gómez González en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 102 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la acción de inconstitucionalidad número 50 desde que asumió el cargo en el mes de marzo de 2015.
Se trata de una demanda por la que ha solicitado al Máximo Tribunal la revisión del Artículo 85 Bis, párrafo segundo del Código Penal de Puebla, en la porción normativa que indica: “…suspensión… La duración de la suspensión será señalada en sentencia y comenzará conforme la fracción II del artículo 64 de este Código”, que resulta violatorio de los principios de exacta aplicación de la ley penal, de proporcionalidad, de certeza jurídica y de división de poderes.
Con esta demanda, fortalece las acciones que en la materia ha realizado el Gobierno de la República, a fin de contar con un marco jurídico coherente, sólido y eficaz que permita el castigo de todos aquellos que lastiman a la sociedad mexicana.
Este proceso se circunscribe a la decisión que tomó la Procuradora de robustecer su papel como Representante Social y garante de la constitucionalidad de normas generales y actos de autoridad en los procesos constitucionales, ámbito en el cual, desde su llegada a la Institución, destacan las siguientes acciones:
- La Procuradora General de la República ha promovido 50 acciones de inconstitucionalidad, a efecto de combatir artículos de diversas leyes que invaden la facultad exclusiva del Congreso de la Unión en las siguientes materias: derecho penal, procesal penal, extinción de dominio, responsabilidades y sanciones administrativas, así como en materia de anticorrupción. Lo anterior implica un incremento de 300% de acciones promovidas, en relación a lo efectuado en los años 2013 y 2014.Con la promoción de tales acciones, la Procuradora realiza una más de las acciones tendientes a la correcta implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en nuestro país, logrando depurar el orden jurídico nacional en beneficio de todas las y los mexicanos.
- De las 50 acciones promovidas, se han obtenido 16 resoluciones favorables, así como otras 11 resoluciones que corresponden a demandas planteadas por la anterior administración a las que se les ha dado puntual seguimiento. Por lo tanto, todas las resoluciones obtenidas dentro de la presente administración han sido favorables a los intereses de la Institución. No hay sentencias que hayan declarado infundadas las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Procuradora.

