GarfiasFrancisco Garfias

 

El agente del Ministerio Público fijó el precio para archivar el caso de la venta ilegal de terrenos a precio de remate en Quintana Roo y no mandarlo al ejercicio de la acción penal: 500 mil pesos.

Pidió un adelanto de 50 mil pesos. Los dos abogados litigantes del gobierno de esa entidad no se hicieron del rogar. El trato se cerró el pasado 25 de agosto del 2015.

Muy poco les duró el gusto a las dos partes:

Por el asunto de la venta irregular de terrenos que representan seis veces el tamaño de Isla Mujeres, Roberto Borge está hoy en el podio de los exgobernadores corruptos, junto con Javier y César Duarte, Guillermo Padrés, Rodrigo Medina, Tomás Yarrington, más los que se acumulen esta semana.

El agente del MP, Roberto Carlos Ríos Manzano, fue detenido en flagrancia por policías ministeriales en la colonia Doctores de la Ciudad de México. Se quedó sin el medio millón, procesado, y con el prestigio cubierto de lodo.

Los trabajos desplegados por la Dirección General de  Asuntos Internos de la Visitaduría General de la PGR  hicieron posible el arresto.

Mencionamos el caso para ilustrar la forma como se manejan en la desprestigiada Unidad Especializada de Investigación de Delitos de Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia (UEIDCSPCAJ), la cual será transformada en la Fiscalía Anticorrupción.

Pero, también para hacer notar la ineludible tarea de desmantelar esos nidos de corrupción que pueden contaminar la estructura de la nueva fiscalía.

  • César Chávez Gómez es uno de los 32 aspirantes a la citada fiscalía. Lo incluimos en este espacio porque era visitador general de la PGR cuando cayó Ríos Manzano.

Durante su gestión llevó a proceso a 320 servidores públicos y removió, por responsabilidad administrativa grave a más de 250 agentes del MP, policías ministeriales o peritos.

En año y medio logró que se dictaran 170 autos de formal prisión. En contraste, la UEIDCSPCAJ  sólo logró 70 autos de formal prisión en los últimos siete años. Un promedio anual de diez.

La candidatura es apoyada por la exprocuradora Arely Gómez, quien conoce su trabajo, y por diversas organizaciones de izquierda. Participó en la investigación de Ayotzinapa, donde jugó un papel decoroso.

  • Ya que estamos en el tema de la Fiscalía Anticorrupción, fundamental en el Sistema Nacional Anticorrupción.  Los desacuerdos entre los distintos grupos políticos obligaron a los senadores a aplazar hasta el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia en febrero del 2017, el nombramiento del titular de ese organismo.

La fecha límite establecida con anterioridad era el 29 de noviembre.

Juan Pardinas, presidente del Imco, hizo público con Denisse Maerker su “mal sabor de boca” por la actuación de los senadores. A Raúl Cervantes, hombre cercano al presidente Peña, lo aprobaron como procurador en fast track. Pero con el fiscal anticorrupción nomás no llegan a un arreglo.

Entre los aspirantes hay altos funcionarios en activo que quieren ese cargo. El ejemplo vivo es Ximena Puente,  presidenta del Inai, o Manuel Hallivis, presidente saliente del Tribunal de Justicia Administrativa.

“No es posible que funcionarios ambiciosos quieran ser fiscal anticorrupción sin pedir licencia de los cargos que ostentan, donde tienen responsabilidades importantes”, nos dice otro aspirante, Jorge Ricardo García Villa, quien se presenta como la “opción ciudadana” para la fiscalía.

Su currículum dice que es un hombre calificado para proporcionar asesoría en materia antifraude, robo, delitos financieros, anticorrupción, lavado de dinero a instituciones de gobierno y privadas.

“Si no ponemos una fiscalía ciudadana, ésta va a fracasar”, asegura.

  • Los marinos recibieron una muy buena noticia en su día. Los senadores aprobaron en comisiones la iniciativa que les transfiere el control de los puertos que hasta ahora ha estado en manos de la SCT, con los resultados que ya sabemos.

Un  triunfo a la persistencia, pero también de la lógica. La Semar está más capacitada para desempeñar el importante papel de garante de la seguridad en los puertos en estos tiempos de tráfico de estupefacientes y naufragios en el mar.

Hay mucha resistencia dentro y fuera del gobierno. Mega intereses que se han visto afectados. Una campaña que levantó el fantasma de la militarización fue lanzada por los interesados para predisponer a la opinión pública.

Pero está claro que a los narcos, por ejemplo, ya no les va a resultar tan fácil utilizar los puertos para el trasiego de drogas.

La iniciativa, según sus promotores,  evita duplicidad de autoridad y de funciones en los puertos, refuerza la actividad operativa hacia la visión global safe securityde protección a la vida humana, a los recursos naturales y al ambiente marino.

Pero, también, garantiza a trabajadores y sindicalizados de puertos mejoras laborales en la Semar y le facilita a México el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de supervisión y orden.

“Parece ser la primera acción concreta del legislativo en respuesta a la legítima preocupación de las Fuerzas Armadas por la ausencia de un marco legal que los rija y proteja en su labor de apoyo a la seguridad pública.

“Muchas de las labores de salvamento y protección marítima que ha venido realizando la Marina de México en los puertos, era sólo en apoyo de la SCT”, nos dicen en la Semar.

Hoy sube al pleno del Senado. Todavía tiene que ser aprobada en la Cámara de Diputados.