Senadores del PRI, PAN, PRD y PVEM solicitaron este jueves a los congresos estatales que no detengan sus trabajos para armonizar su legislación y concretar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Al inaugurar las mesas de trabajo sobre la “Implementación de los Sistemas Locales Anticorrupción”, el presidente del Senado de la República, Pablo Escudero Morales, enfatizó que las legislaturas de las entidades “son la pieza más importante” para el SNA, pues sin la homologación de las normas a nivel estatal no se podrá avanzar en esta materia.
El senador solicitó a diputados locales y federales que “no detengan” el trabajo legislativo en este tema, y aseguró que las reformas que aprobó el Congreso de la Unión son la base para la legislación local y quedarán en esos términos.
Escudero Morales reiteró que el combate a la corrupción y la impunidad “le urge al país”, por lo que se propuso establecer una agenda clara para avanzar en la implementación de los Sistemas Locales.
Se trata, agregó, de saber qué necesitan, si requieren la intervención de los senadores o su presencia en los estados, “que tengamos un tablero de control, donde podamos identificar de manera clara quiénes están avanzando con la homologación, quiénes tienen problemas y a quiénes podemos ayudar para acudir de manera inmediata a sus congresos o estados y destrabar esto”.
En tanto, el senador Héctor Yunes Landa, presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, recordó que el plazo para concluir el Sistema es el 19 de julio del próximo año.
Dijo que con este tipo de análisis se tratan de evitar “más pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra legislaciones sobre este tema, como ya ha sucedido en tres entidades”.
El legislador refirió que las pérdidas generadas por la corrupción representan 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, alrededor de 345 mil millones de pesos anuales, que equivalen al presupuesto ejercido de este año por 14 entidades de la República.
Agregó que la corrupción es el segundo problema que más afecta a México, pues se ubica después de la inseguridad y antes que el desempleo y la pobreza. De ahí, asentó, el esfuerzo para impulsar el Sistema Nacional Anticorrupción y los 32 sistemas locales.
Por el Grupo Parlamentario del PRI, el senador Miguel Romo Medina asentó que, con la homologación y armonización de este marco jurídico, se podrán aplicar la legislación de manera efectiva y adecuada, así como los criterios para prevenir, corregir y sancionar de forma uniforme.
Se pronunció por cubrir todos los aspectos y acciones que implican no sólo a servidores públicos en este tipo de conductas, sino a la sociedad misma: la corrupción, asentó, no se da de manera unilateral, por lo que es indispensable generar una cultura y conciencia social para prevenirla.
A su vez, el coordinador parlamentario del PRD, Miguel Barbosa Huerta, consideró que pese a que no existe “una evolución positiva” para construir órganos independientes –con una visión ciudadana y democrática– el combate a la corrupción “ya llegó y no se va a ir”.
Dijo que el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría de Función Pública, “autónoma y no pelele del gobierno del Poder Ejecutivo”, así como nombramientos como el del Fiscal General de la República y el Fiscal Anticorrupción, son tres instituciones pilares que se tiene que reflejar en los estados.
Por el Grupo Parlamentario del PAN, la senadora Marcela Torres Peimbert dijo que la ruptura del tejido social, la desconfianza entre clase política y ciudadanos, necesitan atenderse de manera estricta y eficaz.
Advirtió que uno de los retos es vencer las resistencias que existen en los estados para construir fiscalías autónomas, designar a auditores que no dependan del gobernador, así como impedir que se protejan “las espaldas” de mandatarios salientes.
A nombre del Grupo Parlamentario del PVEM, Carlos Alberto Puentes Salas, aseveró que más allá de colores, partidos políticos y posturas personales, y con la participación de la sociedad civil, el Congreso de la Unión alcanzó los acuerdos para edificar el Sistema Nacional Anticorrupción.
En este sentido, se pronunció porque en los congresos locales se replique “esta apertura a escuchar el sentir de los ciudadanos y la sociedad civil organizada”, pero sin dejar de lado su responsabilidad, como legisladores, de tomar las decisiones que se requieran.
Ramiro Ramos Salinas, presidente de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, se comprometió impulsar la armonización de esta legislación en tiempo y forma, y sin la posibilidad de que exista alguna controversia constitucional.
Víctor Andrade Martínez, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de Auditoria Superior de la Federación, comentó que es necesario que las adecuaciones normativas de las entidades federativas honren el espíritu de la reforma anticorrupción integrada en la Constitución Política.
“El reto que enfrentamos es diseñar entramados jurídicos estatales que operen en consonancia con el marco legal aprobado a nivel federal y reflejen sus estructuras”, enfatizó.
Raúl Sánchez Kobashi, Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública, reiteró que los ciudadanos demandan un gobierno más integro, transparente y abierto, por lo cual es imperativo impulsar una gestión pública eficiente y que rinda mejores cuentas a la población.
CCO Noticias "Corporación Comunicativa Ojeda" 