Esto, explicó, con la finalidad de que la autoridad del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial quede facultado para crear un documento electrónico susceptible de generar obligaciones para terceros.
La senadora detalló que el propósito es que, para aquellos casos en que la infracción se haya realizado a través de una red digital o un medio electrónico, el procedimiento pueda dar inicio, como una excepción a los requisitos, con la dirección de correo electrónico o de su representante, la cual se dará por practicada una vez que el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial genere el acuse de recibo correspondiente donde conste la fecha y hora de notificación.
Alcalá Ruiz, quien presentó la iniciativa a nombre propio y de las senadoras Marcela Guerra Castillo y Graciela Ortiz González, expuso que la notificación vía correo electrónico certificado puede suplir la notificación personal, a fin de incidir en la reducción de conductas consideradas como infracciones en diferentes leyes.
En particular, en casos de uso no autorizado de obra sujeta a derechos de autor o propiedad industrial; marcas, diseños, música y obra literaria, frecuentemente puesta en disposición en la red sin la autorización de sus autores.
Asimismo, señaló que el Código Federal de Procedimientos Civiles, en su artículo 210-A, reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología.
Ello, establece que no sólo tiene pleno valor probatorio la información generada, sino también la comunicada por medios electrónicos.
En este tenor, dijo, una notificación realizada por medio de correo electrónico o cualquier otra tecnología, tiene pleno valor legal dentro de nuestro sistema de impartición de justicia, tanto a nivel judicial como a nivel administrativo, debido a que no sólo las leyes que rigen el procedimiento administrativo prescriben la legalidad en el uso del correo electrónico como medio para notificar actos de autoridad, sino que, además, la ley supletoria, en este caso el Código Federal de Procedimientos Civiles, también lo reconoce así.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Comercio y Fomento Industrial y Estudios Legislativos.

