La Comisión de Principios Generales emitió nuevos dictámenes para el artículo 26, apartado A, numeral 3, y para el artículo 73, numeral 3, luego de que no alcanzaran su aprobación en el Pleno de la Asamblea Constituyente.
En lo que respecta al artículo 26, referido a la Hacienda Pública, el nuevo dictamen de la Comisión de Principios Generales propone eliminar el término “progresividad”, luego de que el pasado 20 de diciembre se desarrolló un intenso debate sobre la conveniencia o no de mantenerlo como parte de los principios que la rigen.
En esa fecha, en nombre de los diputados Santiago Creel Miranda, José Eduardo Escobedo Miramontes, César Camacho Quiroz, Enrique Jackson Martínez y del suyo propio, Ernesto Cordero Arroyo propuso eliminar la palabra “progresividad” fiscal, en el entendido de que, dijo, la palabra “proporcionalidad” considera e incluye el término de “progresividad”. En su opinión, al eliminar la progresividad se hacía consistente y consecuente la redacción de este artículo, con lo que establece el artículo 31, numeral romano IV, de la Constitución federal, en la que se establece que las contribuciones deberán de ser proporcionales y equitativas.
El diputado Jaime Cárdenas, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), entre otros, refutó esa aseveración al señalar que es muy importante el concepto de “progresividad”, porque alude a un incremento paulatino en el cobro de las contribuciones, el cual debe realizarse sobre aquellas personas que más ingresos tienen y que más riqueza poseen.
Después de diversas intervenciones en favor y en contra, se procedió a la votación y se emitieron 42 votos en favor y 43 en contra. Al no alcanzar la mayoría calificada para su aprobación, el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Encinas, turnó el texto no aprobado a la Comisión de Principios Generales, para formular un nuevo dictamen. Éste ya fue publicado en laGaceta Parlamentaria.
De acuerdo con el nuevo dictamen, el principio de proporcionalidad en materia fiscal incluye el término progresividad fiscal, “homologando el artículo materia de este dictamen con el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se indica que las contribuciones deben ser ´proporcionales y equitativas”.
“La Hacienda Pública de la Ciudad y de las demás entidades federativas deben satisfacer y garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. Estamos convencidos de que el estado debe ser eficaz y rector de la economía y que debemos darle herramientas económicas sólidas, sin generar un desequilibrio entre los Contribuyentes”.
El dictamen alude al amparo en revisión 1663/2006 analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que ésta resolvió que “una mejor adaptación de la carga tributaria a la capacidad contributiva de las personas físicas obligadas a su pago, tratándose de un gravamen directo como el impuesto sobre la renta, que grava una manifestación inmediata de dicha capacidad, se cumple a través de las tarifas progresivas. Ahora bien, para que exista un mecanismo de progresividad es necesario que además de establecerse una estructura de rangos, con cuotas y tasas aplicables sobre el límite inferior, se analice su efectividad con la aplicación de la tarifa, ya que una ruptura con la proporcionalidad de la tarifa implicaría no expresar la real capacidad contributiva apreciada por el legislador para imponer un tributo. Así la progresividad de la tarifa no se traduce solamente en el incremento en la alícuota al cambiar al renglón siguiente, sino también en que el aumento de aquélla sea proporcional con el ingreso …”
El nuevo dictamen contó con el apoyo de los diputados de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Encuentro Social, y del Ejecutivo federal. En contra votaron los diputados Bernardo Bátiz y Jaime Cárdenas, de Morena; Ifigenia Martínez, del PRD, y Porfirio Muñoz Ledo, del Constitucionalista; se abstuvieron Cecilia Soto, Katia D´Artigues y Dolores Padierna, del PRD, y Elvira Daniel, de Morena.
La diputada Katia D´Artigues presentó un razonamiento sobre el sentido de su abstención, al señalar que en el mismo texto de la iniciativa de Reforma Fiscal (2013) presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, se establece que uno de sus objetivos fundamentales es “justamente fortalecer la progresividad del sistema tributario del país. Ello, con el fin de que todos los mexicanos contribuyan al desarrollo de manera proporcional a su capacidad económica”.
La constituyente presentó el texto de esa iniciativa, que incluso tiene el logotipo de la Presidencia de la República, en el que se propone dotar de mayor progresividad al marco tributario, “toda vez que el beneficio que otorgan las deducciones personales se concentra en forma desproporcionada en aquellos contribuyentes de mayor capacidad económica”.
También se señala en la iniciativa presidencial que “uno de los principios fundamentales de un buen marco tributario es que los impuestos, en particular aquellos que se aplican sobre el ingreso, deber ser progresivos”.
SOBRE EL ARTÍCULO 73
La Comisión de Principios Generales dictaminó ratificar los númerales 1 y 2 del artículo 73 de la Constitución de la Ciudad de México, referido al Régimen de capitalidad, suprimir el numeral 3 y sustituirlo por una nueva redacción, que sería la siguiente:
- Los recursos que la Ciudad de México reciba en su carácter de Capital de la República, de conformidad con lo previsto en el artículo 122, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ejercerán conforme a las bases que establezca la normatividad aplicable.
En este caso apoyaron el dictamen diputados de los grupos parlamentarios de PRI, PRD, PAN, PES y del Ejecutivo federal; en contra, Morena y grupo Constitucionalista, con una abstención de Elvira Daniel, de Morena.
DE LA REFORMABILIDAD DE LA CONSTITUCIÓN
El numeral 3 del artículo 74, referido a las formas para reformar la Constitución, también fue objeto de un acalorado debate, en virtud de que el dictamen de la Comisión de Principios Generales proponía que las reformas se realizaran con la aprobación de las dos terceras partes del Congreso de la Ciudad de México, en tanto la Comisión de Ciudadanía propone que además se lleve a cabo un referéndum.
En esa virtud, la Mesa Directiva propuso regresar el numeral a la Comisión de Principios Generales, la cual debía presentar una nueva propuesta a más tardar el sábado pasado.
La Mesa Directiva fue informada que, en virtud de que los diputados no llegaron a un acuerdo, no presentarían nuevo dictamen. Por ello, la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente atraerá el tema.
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