La Asamblea Constituyente aprobó el artículo 20 relativo a los instrumentos del sistema de planeación de la capital, tales como el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva y el Plan General de Desarrollo que permeará en todas las áreas administrativas, tendrá carácter de ley y su vigencia será de 20 años. La votación fue de 57 en favor, 23 en contra y tres abstenciones.
También fue aprobado, en este caso, en lo general, el artículo 21 referido al reordenamiento territorial, y se anunció que para este articulado se presentaron 94 reservas.
El artículo 20 garantiza el derecho a la ciudad a través de instrumentos jurídicos, administrativos, financieros, fiscales y de participación ciudadana para hacer efectivas las funciones social, económica, cultural, territorial y ambiental de la ciudad.
Para la discusión de este artículo, los diputados constituyentes habían presentado 36 reservas, por lo que a propuesta del legislador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Santiago Creel, apoyado por el diputado Enrique Provencio, presidente de la Comisión de Desarrollo Sostenible y Planeación Democrática, se declaró un receso para que esa comisión procesara las diferentes propuestas. Como resultado de esta medida, sólo se mantuvieron siete reservas.
Quedó establecido que la planeación en la ciudad será democrática, abierta, participativa, descentralizada, transparente, transversal y con deliberación pública para impulsar la transformación económica, asegurar el desarrollo sustentable, satisfacer las necesidades individuales y los intereses de la comunidad, la funcionalidad y el uso, disfrute y aprovechamiento equitativo de la ciudad, así como propiciar la redistribución del ingreso y la riqueza.
La planeación del desarrollo tendrá como instrumentos el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa General de Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldía; el Programa de Gobierno de la Ciudad de México; los programas sectoriales, especiales e institucionales; los programas de gobierno de las alcaldías; y los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. Deberán armonizarse y elaborarse con la participación ciudadana en todas las etapas de consulta del proceso de planeación.
Parte importante de lo aprobado es que el Sistema Integral de Derechos Humanos se articulará con el sistema de planeación de la ciudad.
La programación y ejecución presupuestal deberán elaborarse sobre la base de información estadística y los resultados de las evaluaciones, y deberán establecer con claridad y precisión los resultados esperados, los objetivos, estrategias, indicadores, metas y plazos.
La evaluación externa de las políticas, programas y acciones que instrumente la administración pública estará a cargo del organismo autónomo previsto en la Constitución. Los resultados de las evaluaciones serán instrumentos esenciales para fundamentar y motivar la planeación, programación y presupuesto, así como para el diseño de políticas públicas y proyectos.
HABRÁ SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN GENERAL DE DESARROLLO
A este instrumento se sujetarán los planes, programas, políticas y proyectos públicos; la programación y ejecución presupuestal incorporará sus objetivos, estrategias y metas. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público y regulatorio e indicativo para los demás sectores.
El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México definirá las políticas de largo plazo en las materias de relevancia estratégica para la ciudad. Tendrá por objeto la cohesión social, el desarrollo sustentable, el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, el equilibrio territorial y la transformación económica.
El Plan General de Desarrollo de la ciudad será elaborado por el Instituto de Planeación y Prospectiva. Para su aprobación, será enviado por la o el Jefe de Gobierno al Congreso y tendrá carácter de ley. Su vigencia será de veinte años y podrá ser revisado. Habrá sanciones por su incumplimiento.
El Programa de Gobierno de la Ciudad de México y los planes de las alcaldías deberán ser congruentes con el Plan General de Desarrollo, con el Programa General de Ordenamiento Territorial y con la política de finanzas públicas.
Serán elaborados por el Ejecutivo de la ciudad y las alcaldías y serán remitidos al Congreso durante los primeros tres meses de la administración correspondiente, para su conocimiento y análisis. Tendrán vigencia de seis y tres años respectivamente y se evaluarán de acuerdo con la ley.
DE LA PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Se deberá elaborar un Programa de Ordenamiento Territorial que será elaborado por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva en coordinación con la administración pública de la ciudad, las alcaldías y la sociedad. Para su aprobación deberán privilegiarse los criterios y lineamientos técnicos.
Dicho Programa regulará la transformación de la ciudad y fortalecerá su función social para su desarrollo sustentable; su vigencia será de 15 años y deberá evaluarse y actualizarse cada cinco años o cuando se den cambios significativos en las condiciones que le dieron origen. El documento explica que en caso de no actualizarse o modificarse, la vigencia del programa prevalecerá.
DISCREPANCIAS EN TORNO A QUIEN ELABORARÍA PROGRAMAS DE REORDENAMIENTO DE ALCADÍAS
En cuanto a los programas de ordenamiento territorial de las alcaldías se aprobó que serán formulados por las mismas, siguiendo los lineamientos que establezca el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva.
Este tema fue motivo de una intensa discusión en el Pleno toda vez que la diputada del grupo parlamentario del Ejecutivo Federal, Claudia Pastor, presentó una reserva para que los programas de reordenamiento territorial de las alcaldías fueran elaborados por el Instituto, con la participación de las autoridades de la demarcación territorial, con el objeto de tener una visión general del reordenamiento de la ciudad.
Destacó que en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se manifestaron posiciones encontradas, con el voto favorable de los diputados Jesús Ortega y Armando Ríos Piter, y del presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Encinas.
La constituyente Pastor sostuvo que su reserva planteaba un criterio técnico y de visión integral ya que, dijo, si el instituto no los elabora se impedirá una planeación integral de la capital y se fraccionaría la visión de la ciudad.
Jaime Cárdenas, de Morena, se opuso a la reserva. “El planteamiento suena conveniente, desde el punto de vista de la verticalidad de un instituto que tomará desiciones sobre todas las demarcaciones; es una visión centralista, con escasa particpacion ciudadana y sin intervención de las alcaldías”.
Jesús Sesma, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), manifestó que si no se aprobaba la reserva, se mantendrían los cacicazgos en la ciudad. Jesús Ortega y Armando Ríos Piter, ambos constituyentes del PRD, se manifestaron en favor de la reserva. “Démosle al instituto la oportunidad de que planifque con visión estratégica, con acompañamiento de las alcaldías, y que lo apruebe el Congreso; así la planeación tendrá visión a largo plazo”, sostuvo Ortega.
Enrique Jackson, del PRI, se pronunció en favor de la modificación. Dijo que “para garantizar el derecho a la ciudad, vale la pena preguntarnos qué ciudad queremos para sus habitantes actuales y futuros; una ciudad con 16 o más visiones distintas, que no cuente con una desarrollo con visión de conjunto y sin planeación de mediano y largo plazo, o una visión que resuelve de manera integral como resolver los problemas de la ciudad; no hacerlo así nos llevará al caos e ingobernabilidad”.
El presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Encinas, del grupo parlamentario Constitucionalista, subió a tribuna para manifestarse en favor de la reserva. Dijo que el objetivo es recuperar la planeación como un principio rector del ordenamiento territorial.
Aseguró que el territorio debe ser el eje articulador del conjunto de las políticas públicas, de la política urbana, de la política de desarrollo rural, de desarrollo social, de desarrollo económico.
“A diferencia de todo el país, ésta sería la primera constitución que establecería indicadores de observación para su incumplimiento donde éste sería sancionable. Se busca que los planes tengan rango de ley, sean evaluables y su incumplimiento sancionado. Además, no hay que perder del horizonte uno de los aspectos nodales que hay en el proyecto, que es la visión y la perspectiva metropolitana”, sostuvo Encinas.
Santiago Taboada, del PAN, se manifestó por mantener el dictamen en sus términos pues, dijo, implica que las alcaldías seguirán los lineamientos del Instituto. En ese mismo sentido se manifestó el diputado del PRD, Jesús Valencia.
La reserva no alcanzó mayoría calificada.
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
De acuerdo con lo aprobado, este instituto será un organismo público con autonomía técnica y de gestión, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Sus funciones serán elaborar y dar seguimiento al Plan General de Desarrollo y al Programa General de Ordenamiento Territorial. Asimismo, garantizará la participación directa de los sectores académicos, culturales, sociales y económicos.
Se conformará por una Junta de Gobierno plural e interdisciplinaria, integrada por la o el Jefe de Gobierno como presidente; cinco representantes del gabinete, tres del cabildo de la Ciudad de México; y siete consejeras o consejeros ciudadanos.
La o el Director General será un experto reconocido en planeación del desarrollo. Lo designará la mayoría calificada del Congreso a partir de una terna propuesta por un comité de selección. Su gestión será de cinco años y podrá ser reelecto por tres años más.
DISCULPA DEL DIPUTADO JUAN AYALA
Al inicio de la sesión, el diputado Joel Ayala ofreció una disculpa a los integrantes del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), porque durante una manifestación de los trabajadores del Servicio de Limpia de la Ciudad de México en la sede de la Asamblea Constituyente, uno de los asistentes aseguró que le faltaron al respeto a uno de sus integrantes. «Nunca fue nuestra intención y nunca hemos tratado de usar la coerción en ese sentido; aquí estamos trabajando para la ciudad, dándole certeza y solicitando que se prohíba la privatización de los servicios públicos en todos sus rubros”.
Por Morena, el diputado Bernardo Bátiz agradeció y aceptó la disculpa. “Estuvieron en su derecho de manifestarse y lo respetamos, efectivamente, un compañero mencionó que nosotros estábamos a favor de la privatización de la basura, ya quedó claro que no”.
EL REORDENAMIENTO TERRITORIAL PERMITIRÁ MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL
Al hacerse los posicionamientos sobre el artículo 21, relativo al ordenamiento territorial,
Jaime Cárdenas, de Morena, se manifestó en contra. “No se prohíbe en este dictamen el cambio de uso de suelo rural a urbano, tampoco se prohíben los productos transgénicos, no se establece lo mínimo de extensión de lo que debe considerarse una vivienda digna, no se prohíben las asociaciones público privadas ni otros esquemas de privatización”, señaló.
En favor del dictamen, Guadalupe Muñoz, del PRD, sostuvo que éste abonaba a la prevención y mitigación de riesgos como eje en el sistema de planeación; además, añadió, fue un acierto incluir el apartado de vulnerabilidad para fortalecer la seguridad de los habitantes.
Lisbeth Hernández Lecona, del PRI, señaló que el dictamen constituye un esfuerzo para dar garantías a los ciudadanos, pues contempla cuidados a las áreas naturales, medidas para el manejo de residuos sólidos; prevé disposiciones para que se protejan los acuíferos, normas para invertir en la red y evitar fugas.
Kenia López, del PAN, en favor del artículo, manifestó que contempla la minimización de la huella ecológica, el cual es un indicador clave para la sustentabilidad pues mide el impacto ambiental que generamos como ciudad, dijo. Además, afirmó, con esto aseguramos que el crecimiento económico debe darse en un marco de preservación de ecosistemas, fomentando el desarrollo sustentable sin explotar los recursos.
El artículo fue aprobado en lo general con 63 votos en favor, uno en contra y tres abstenciones.
INCONTINENCIA PARLAMENTARIA
Luego de la votación en lo general del artículo 21 del dictamen, el presidente de la Mesa Directiva, el diputado Alejandro Encinas decretó un receso para que durante la mañana del viernes la Comisión de Desarrollo Sostenible se reúna con las y los promoventes de las 94 reservas para buscar consensos y se reduzca el número de reservas. Al conocer el número de propuestas presentadas, el diputado Encinas señaló que en la Asamblea Constituyente había incontinencia parlamentaria.
CCO Noticias "Corporación Comunicativa Ojeda" 