constituyente-23-1La Asamblea Constituyente aprobó hoy la creación de una Sala Constitucional, que formará parte del Tribunal Superior de Justicia, será de carácter permanente y estará encargada de garantizar la defensa, integridad y supremacía de la Constitución y la integridad del sistema jurídico local. De igual forma, quedó establecida la transformación de la procuraduría de justicia por una Fiscalía General de Justicia, que será autónoma en su gestión, con personalidad jurídica y patrimonio de propios.

Al aprobar diversos artículos del dictamen de la Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Pública y Organismos Constitucionales Autónomos, la mayoría de los diputados constituyentes dio su visto bueno a la creación de Consejo Judicial Ciudadano, el cual deberá designar a los integrantes del Consejo de la Judicatura y proponer una terna al Congreso para elegir al titular de la Fiscalía General de Justicia.  Y el presidente del Tribunal Superior de Justicia no podrá ser el mismo que del Consejo de la Judicatura.

Se determinó que en la integración del poder judicial se garantizará en todo momento el principio de la paridad de género.

Por otra parte, también se aprobó que el Tribunal Electoral forme parte de la función  judicial, lo mismo que el Tribunal de Justicia Administrativa y un nuevo Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje.

Habrá nuevos organismos autónomos en la Ciudad de México como el Consejo de Evaluación, el Instituto de la Defensoría Pública y la Fiscalía General de Justicia, que ya se mencionó.

POSICIONAMIENTOS

El diputado constituyente del Ejecutivo Federal, Manuel Díaz Infante, presidente de la comisión, dijo que el dictamen y las reservas de consenso son el resultado de los mayores acuerdos que se pudieron lograr, de un trabajo colectivo en donde se compartieron responsabilidades con el orgullo de haber expuesto libremente las opiniones. El reto ahora, agregó, es generar espacios neutrales de negociación alejados de perjuicios.

La diputada del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), María Gloria Hernández, se manifestó en contra al poner en duda el carácter ciudadano del Consejo Judicial Ciudadano que se crea en el dictamen. “Este Consejo no es ciudadano porque implica una subordinación del poder judicial al poder legislativo; no es verdad que se está ciudadanizando el nombramiento de los integrantes del Consejo de la Judicatura. Lo están sometiendo al congreso local, y eso dicta que no será conveniente a la hora de la repartición de los nombramientos entre los partidos que cuenten con mayoría. Esto va en contra de la Constitución federal”.

En sentido contrario, el diputado del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Julio César Moreno, destacó que el Consejo de la Judicatura no ha dado resultados para lo que fue creado, pues no constituye un contrapeso y sólo es de ornato. “En el dictamen se le incrementaron las funciones y nuevas facultades, y además, quedó establecido que sus sesiones serán públicas por primera vez”.

El constituyente Jaime Cárdenas, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), argumentó en contra del artículo. “Con lo propuesto en el artículo, los magistrados y los consejeros no serán electos por los ciudadanos pues al final responderán a las cuotas de los partidos mayoritarios en el congreso local, y el Consejo Judicial Ciudadano será parte de una oligarquía de la ciudad”. Sin embargo, admitió que el dictamen contiene ventajas “extraordinarias”, como la duración de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia que será de un año y  no podrá presidir simultáneamente el Consejo de la Judicatura. “Pero es insuficiente”, añadió.

El diputado del grupo parlamentario de Partido Acción Nacional (PAN), Santiago Creel Miranda, mencionó que el articulado propuesto establece cambios profundos de estructura al sistema judicial de la ciudad. De la infinidad de propuestas que se hicieron, hay dos cambios que son “tiros de precisión” que cambian el eje del Poder Judicial de la ciudad. El primero, explicó, es la ciudadanización de un poder que siempre ha estado apartado de la sociedad; y el segundo, independencia plena en la supervisión del poder judicial de la Ciudad de México.

El constituyente panista Roberto Gil, en contra, señaló que hay dos problemas del gobierno judicial federal y local: la endogamia y la concentración del poder en pocas manos dentro del poder judicial. “Esto constituye distorsiones que debilitan los incentivos a la profesionalización de la carrera judicial y diluyen los mecanismos de independencia profesional de jueces y magistrados”. Aseguró que ello constituye una amenaza y el modelo planteado no resuelve de fondo. En su opinión, el Consejo Judicial Ciudadano no debe tener carácter permanente y debe rendir cuentas.

El diputado perredista Armando Ríos Píter se pronunció en favor del dictamen, en particular, de las ventajas de la creación de figura del Consejo Judicial Ciudadano; sin embargo, coincidió con Roberto Gil respecto de que no debería ser un órgano permanente.

Javier Quijano, diputado de Morena, dijo que se logró introducir avances de orden ciudadano y democrático para el progreso y mejoramiento del poder judicial, el cual tradicionalmente ha sido y es el más débil de todos los poderes. Se introdujeron, agregó, dos elementos importantísimos: el Consejo Judicial Ciudadano y la presidencia sólida y colectiva del Tribunal Superior de Justicia.

El diputado Alejandro Chanona, de Movimiento Ciudadano (MC) en pro, recalcó el tema de seguridad ciudadana contemplado en el dictamen. “Con esto se pone a la vanguardia la seguridad ciudadana como derecho fundamental y humano, el cual deriva de tener integridad física, libertades, garantías procesales; además, complementa y amplía la seguridad pública, vela por el estado de derecho y se enfoca a la protección integral de las personas contra riesgos y amenazas. De una visión ´estadocéntrica´ a una visión antropocéntrica, donde prevalece la seguridad de la personas y no del Estado”, dijo.

Mariana Gómez del Campo, diputada del PAN, se manifestó en contra, pues consideró que aunque resulta imprescindible el Consejo Judicial Ciudadano, está en desacuerdo con que sólo tres de los siete consejeros que lo integran deberán contar con carrera judicial. Señaló que además es preocupante que no se especifique si los consejeros estarán obligados a realizar su declaración patrimonial.

Al hablar en pro, a diputada constitucionalista Ana Laura Magaloni, del grupo parlamentario Constitucionalista, dijo que existe la responsabilidad de hacer algo por cambiar el andamiaje de la justicia y el texto propuesto así lo establece. El dictamen, dijo, propone acabar con la forma de autogobierno de los jueces. A su vez la diputada Olga Cordero comentó que en la Constitución se garantizará la carrera judicial, se establecerán concursos de oposición abiertos; los magistrados serán ratificados y tendrán una remuneración adecuada e irrenunciable.

HABRÁ UN CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA

Al aprobar el artículo 40, sobre el poder judicial, los constituyentes establecieron que el poder judicial de la Ciudad de México se deposita en un Tribunal Superior de Justicia que contará con una Sala Constitucional, un Consejo de la Judicatura y juzgados.

En este artículo quedó claramente establecido que en la integración del poder judicial se deberá garantizar el principio de paridad de género.

Los integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia elegirán, en sesión pública, por mayoría de votos, mediante voto secreto a la persona que lo presidirá. Al tribunal se le asignan labores de control de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad y deberá proteger y salvaguardar los derechos humanos y sus garantías reconocidos no sólo en la Constitución sino también en los tratados internacionales.

El Tribunal contará con un órgano desconcentrado denominado Centro de Justicia Alternativa que servirá para facilitar la mediación para resolver controversias civiles, mercantiles, familiares, penales cuando se trate de delitos no graves y de justicia para adolescentes; también mediará en problemas vinculados con el régimen de condominios, vecinales, comunitarios, y de barrios y pueblos.

Sobre el Consejo de la Judicatura, se aprobó que es un órgano dotado de autonomía, independencia técnica y de gestión. Y se destacó que sus resoluciones serán definitivas e inatacables. Gracias a una reserva de consenso presentada por la diputada Constitucionalista Ana Laura Magaloni, apoyada por diversos diputados, se eliminaron las excepciones a esta medida.

Como se mencionó, quien presida el Tribunal Superior no lo podrá hacer en el Consejo de la Judicatura, como ocurre actualmente.

CONTROL CONSTITUCIONAL LOCAL

El artículo 41, sobre la integración de la Sala Constitucional, fue aprobado por unanimidad en lo general  y en lo particular.

Con ello, la Ciudad de México contará con una instancia de carácter permanente que será la máxima autoridad local en materia de interpretación de la Constitución Política de la Ciudad de México. Estará encargada de garantizar la defensa, integridad y supremacía de la constitución y la integridad del sistema jurídico local. Conocerá acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y resolver los incumplimientos por parte de los titulares de los poderes públicos, organismos autónomos y las alcaldías, cuando se niegan a cumplir con sus obligaciones constitucionales

Estará integrada por siete magistradas y magistrados designados por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Quedó asentado que el proceso de selección se efectuará en sesiones abiertas y transparentes y el número de personas de un mismo género no podrá ser superior a cuatro. Durarán en su cargo ocho años.

En este artículo se estipula que habrá jueces de tutela de derechos humanos los cuales conocerán de la acción de protección efectiva de derechos. Sus resoluciones podrán ser impugnadas ante la Sala Constitucional. Y los criterios de las resoluciones de la Sala serán de obligatorio cumplimiento para los jueces de tutela.

La Sala Constitucional también será competente para atender los juicios de restitución obligatoria que interpondrá la Comisión de Derechos Humanos por recomendaciones aceptadas y no cumplidas.

SE CREA EL CONSEJO JUDICIAL CIUDADANO

En el artículo 42 quedó aprobado el Consejo Judicial Ciudadano, figura totalmente nueva con atribuciones para designar a los integrantes del Consejo de la Judicatura y para presentar una terna con la cual el Congreso debe elegir al titular de la Fiscalía General de Justicia.

Será un organismo temporal, cuyos integrantes no recibirán remuneración alguna. Estará integrado por 11 personas, siete de las cuales serán abogados, y serán designados por dos terceras partes del Congreso mediante convocatoria pública, a propuesta de instituciones académicas, civiles y sociales que al momento de hacer la propuesta tengan al menos cinco años ininterrumpidos de haberse constituido.

Su carácter temporal y no remunerado fue introducido de último momento, luego de que el diputado panista Roberto Gil Zuarth hizo notar que no había razón para que los consejeros duraran en su encargo cuatro años. La reserva consensuada con diputados de todos los grupos parlamentarios, fue presentada por la diputada Constitucionalista, Ana Laura Magaloni, y fue aprobada.

En este tema no hubo los consensos que se manifestaron en la mayor parte de los artículos discutidos hoy. El diputado constituyente por el PRI, Augusto Gómez Villanueva, se manifestó en contra. “Votar a favor de esta figura significará impulsar un poder Ejecutivo omnipotente con los tres poderes bajo su control, además de que hay un claro riesgo inconstitucional federal porque votamos ayer por la división de poderes; esto es contrario a nuestro entusiasmo y convicción para legislar por la Ciudad de México”.

El constituyente perredista Julio César Moreno se manifestó en favor: “Defiendo la figura del Consejo Judicial Ciudadano porque es la semilla que va a lograr que por fin se evite el conflicto de interés y se le dé una verdadera autonomía al poder judicial y a la procuración de justicia de nuestra ciudad”, señaló.

Jaime Cárdenas, de Morena, al argumentar en contra, dijo que el Consejo carece de legitimidad democrática de origen pues no tiene soberanía. “Es una simulación de forma oblicua donde al final quien tiene el poder de la designación y propuesta de las ternas al Congreso serán los propios partidos políticos y grupos mayoritarios que lo integren”, dijo.

El diputado panista Santiago Taboada se manifestó en pro, porque dijo que el Consejo Judicial Ciudadano es la oportunidad para sacudir los vicios; es un modelo que puede llevar a grandes aciertos, dijo. En el mismo sentido habló la diputada Margarita Valdés, de Morena, quien mencionó que las principales quejas de la ciudadanía son por falta de justicia.

El presidente de la comisión, el diputado Manuel Díaz Infante, se manifestó en contra de la formación del Consejo Judicial Ciudadano, porque argumentó que es una figura nociva para el Tribunal Superior de Justicia. “Se está destruyendo uno de los tres poderes, el que da la paz y garantiza la armonía. No garantiza ni abona nada; hay una concentración excesiva en las facultades del congreso”.

EL TRIBUNAL ELECTORAL SERÁ PARTE DE LA FUNCIÓN JUDICIAL

Los constituyentes determinaron que el Tribunal Electoral forme parte de la función judicial de la Ciudad de México, al constituirse como órgano jurisdiccional especializado, con autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en  sus decisiones. Estará integrado por cinco magistrados designados por el Senado de la República.

Se estableció que una vez concluido el encargo de magistrado no podrán asumir puesto  público en los órganos emanados de las elecciones sobre las cuales se hayan pronunciado. Tampoco podrán ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista durante un plazo equivalente a una cuarta parte del tiempo en que se haya ejercido la función.

 

 

SE CREA EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

Esta figura tendrá la responsabilidad de dirimir los conflictos laborales que se presenten entre la Ciudad de México y sus trabajadores, así como los conflictos sindicales internos y los intersindicales.

El Tribunal de Justicia Administrativa también pasa a formar parte de la función judicial, y tendrá plena autonomía jurisdiccional, administrativa y presupuestaria. Su función será dirimir las controversias entre la administración pública de la Ciudad de México, las alcaldías y los particulares. Le toca fincar el pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias por daños que afecten a la Hacienda Pública.

SEGURIDAD CIUDADANA SERÁ DE CARÁCTER CIVIL

Tras analizar los artículos 46, 47 y 48 se aprobó que la seguridad es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción de infracciones administrativas, persecución de infracciones administrativas y delitos, impartición de justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades.

Se aprobó que se establecerá un modelo de policías ciudadanas tendientes a garantizar el estado de derecho, la vida, la protección física y de los bienes de las personas; la contención de las violencias; la prevención del delito y el combate a la delincuencia; y los derechos humanos, entre otras funciones

También se acordó que las instituciones de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y profesional y se destaca que deberá regirse por el respeto de los derechos humanos y las libertades. Y se integrará un sistema de seguimiento para la seguridad ciudadana, el cual estará integrado por el jefe de Gobierno, un representante del cabildo, el fiscal General de Justicia, el titular de Seguridad Ciudadana, representantes de la academia y la sociedad civil.

Se estableció que la ley garantizará condiciones laborales y prestaciones suficientes y dignas para los integrantes de los cuerpos de seguridad ciudadana.

SE CREA UNA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA QUE SERÁ AUTÓNOMA

Una vez que entre en vigor la Constitución Política de la Ciudad de México, desaparecerá la Procuraduría General de Justicia y en su lugar iniciará sus operaciones la Fiscalía General de Justicia, la cual tendrá carácter autónomo del Gobierno de la Ciudad, y tendrá personalidad jurídica y patrimonio propios.

El titular de la Fiscalía será electo por el Congreso local por mayoría calificada, a partir de una terna que le presente el Consejo Judicial Ciudadano. Durará en su cargo cuatro años y podrá ser ratificado a propuesta del Consejo. Por una reserva de la diputada Constitucionalista Clara Jusidman, se eliminó el requisito de tener cinco años de experiencia en la procuración de justicia para ocupar el cargo. Lo que se aprobó establece tener título de abogado y experiencia profesional de cinco años.

En la Ciudad de México el proceso penal será acusatorio, adversarial y oral y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, continuidad, de igualdad entre las partes, de derecho a un juicio previo y debido proceso, presunción de inocencia, prohibición al doble enjuiciamiento e inmediación.

NUEVOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Los organismos autónomos contarán con órganos de control interno y a propuesta de la diputada de Morena, Elvira Daniel se modificó la forma de elección de sus titulares. La comisión había propuesto que fueran designados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del congreso, a convocatoria abierta. Lo que se aprobó establece que serán seleccionados y formados a través de un sistema de profesionalización y rendirán cuentas ante el sistema local anticorrupción.

Por decisión de la Asamblea Constituyente, se crearán dos nuevos organismos autónomos: el Consejo de Evaluación y el Instituto de la Defensoría Pública.

El primero de ellos será una entidad técnica colegiada, encargada de la evaluación de las políticas, programas y acciones que implementen los entes de la administración pública y las alcaldías. Se integrará por cinco personas.

El segundo es el Instituto de Defensoría Pública el cual tiene la finalidad de asistir profesionalmente de manera gratuita en la defensa de las personas imputadas de algún delito.

Por no haber alcanzado la mayoría calificada se regresó a comisión el artículo 51 apartado C numerales, 1,3,6 y 7 relacionados con el nombramiento de los titulares y consejeros de los organismos autónomos.  También se regresó a la comisión el inciso H del numeral 4 del artículo