Personal de la Oficina Central Nacional de Interpol México y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sostuvieron una reunión de trabajo para fortalecer la cooperación en el combate a los delitos contra el medio ambiente y pesqueros.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó en un comunicado que cifras de la Interpol revelan que en la última década se ha registrado un incremento de entre cinco y siete por ciento al año en los delitos ambientales.

En el encuentro, ambas partes abordaron también los proyectos del programa de Interpol sobre delitos contra el medio ambiente, e identificar mecanismos para generar y fortalecer alianzas que permitan el intercambio de información con otras instituciones.

Refirió que según el informe “The rise of environmental crime”, presentado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Interpol, las ganancias por los delitos contra el ambiente van a la alza, y oscilan entre 91 y 258 mil millones de dólares, 26 por ciento más que las estimaciones de 2014.

El documento estima que las ganancias anuales, derivadas del tráfico ilegal de especies, ascienden a 23 mil millones de dólares y por la tala ilegal a 100 mil millones de dólares. Además, se ha identificado que 350 millones de plantas y animales son vendidos en el mercado negro cada año.

Durante el encuentro, Francisco Almazán Barocio, director general de Asuntos Policiales Internacionales de Interpol, destacó el apoyo brindado a las instituciones mexicanas para llevar a cabo acciones conjuntas de investigación y operativas.

En este contexto, mencionó la disposición de publicar en el Sistema de Información de Interpol las notificaciones moradas diseñadas para explicar a los países el modus operandi de la delincuencia en la comisión de los delitos.

Por su parte, Ignacio Millán Tovar, subprocurador de Recursos Naturales de la Profepa, señaló que es necesario que, tanto los países como las instituciones nacionales, con competencia en la materia, se unan para adoptar acciones que permitan intensificar el combate al tráfico ilícito de vida silvestre.

Los representantes de ambas partes coincidieron en la necesidad de establecer un frente común y continuar fortaleciendo la cooperación interinstitucional para combatir este tipo de ilícitos.