La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, para integrar la clasificación de historia de violencia de género, a fin de atender este fenómeno.

El documento avalado con 404 votos se turnó al Senado y destaca que es de suma importancia para la integración del registro, agregar dentro de los indicadores el componente de “violencia de género”, con el fin de atender este fenómeno “cada vez más frecuente en niñas y mujeres dentro del territorio nacional”.

Manifiesta que no existen cifras claras del número de niñas y mujeres que desaparecen diariamente y cuantas de ellas tienen una historia de violencia de género anterior a su desaparición.

Añade que de conocer ese dato las investigaciones contarían con mayor información para su búsqueda y localización, y sobre todo, evidenciaría este componente de violencia hacia ellas por el hecho de ser mujer.

Sostiene que, de acuerdo con un estudio realizado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), de 2012 a 2014 aumentó 255 por ciento el número de adolescentes féminas desaparecidas entre 15 y 17 años.

Con esta reforma se pretende “abonar a la identificación de cuáles son las causas adyacentes a la desaparición de niñas y mujeres en todo el territorio nacional, así como visibilizar la violencia de género”.

El documento adiciona un inciso g), a la fracción IV del Artículo 4 de la citada ley, surgió de una iniciativa que presentó el año pasado el diputado priista Jesús Zúñiga Mendoza.

El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas tiene como propósito organizar y concentrar la información en una base de datos electrónica, sobre personas extraviadas o desaparecidas.

Asimismo, establece que la aplicación corresponde al Ejecutivo federal, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En la fracción IV del artículo 4 de la ley se indica la manera en que se debe integrar el registro de personas desaparecidas, a partir de una serie de indicadores.

Entre ellos: sexo, edad, nacionalidad, localidad, municipio, entidad federativa en donde se originó el extravío o desaparición, origen étnico, si se trata de personas con alguna discapacidad y otras, que por cuya relevancia sea necesario identificar.