El Senado de la República aprobó reformas al primer párrafo del Artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, para establecer como obligatorio que en cada entidad federativa se cuente con al menos un Centro Público de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Durante la sesión ordinaria del órgano legislativo se aprobó la reforma cuyo objetivo es revertir los rezagos en México en cuanto a inversión privada, generación de investigadores y registro de patentes, lo que coloca al país en desventaja de competitividad tecnológica, industrial y económica.

Además, pretende revertir las diferencias internas de desarrollo tecnológico, pues de acuerdo con el propio Conacyt, las entidades con menor desarrollo en tecnología e innovación son precisamente aquellas que carecen de sedes o subsedes de los Centros Públicos de Investigación, como Zacatecas e Hidalgo.

El dictamen aprobado refiere que el Informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) “Sobre la Ciencia hacia 2030”, señala que entre 2005 y 2013 la inversión pública en México en la materia pasó de 0.20 a 0.38 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), un progreso de 30 por ciento.

Sin embargo, la participación de la iniciativa privada cayó de 0.18 a 0.17 por ciento en el mismo periodo, lo que se relaciona con la poca innovación en diversos sectores.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) en 2010 se solicitaron en el país los registros de 14 mil patentes, mientras que en Estados Unidos sumaron más de 490 mil.

De las 14 mil patentes solicitadas, únicamente 951 fueron hechas por nacionales y 13 mil por extranjeros.

La Unesco señala, además, que el número de investigadores mexicanos de tiempo completo aumentó 20 por ciento, al pasar de 38 mil a 46 mil, y en comparación con otros países de desarrollo similar esa cantidad representa apenas 0.6 por ciento de los profesionistas.

En Argentina, por ejemplo, los investigadores representaron 0.7 por ciento de los profesionistas, en Turquía uno por ciento y en Brasil dos por ciento.