En todos los estados de la República mexicana existen al mismo tiempo instituciones con excelentes índices de gobierno abierto y otras con niveles muy bajos del mismo indicador, lo cual implica que hacia adelante, el Sistema Nacional de Transparencia deberá tratar simultáneamente asuntos de vanguardia y agendas básicas de construcción de capacidades.

Así lo revela el Índice de Gobierno Abierto elaborado por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), según el cual, algunas instituciones en los estados obtienen calificaciones de cero, mientras en la misma entidad, otra puede llegar a rangos de 0.90.

El ejercicio estadístico, califica las acciones de gobierno abierto, la transparencia y la participación, en un índice de 0.00 a 1.00, conforme a un modelo metodológico preparado por el CIDE y que se evaluó a través de solicitudes de información enviadas por usuarios simulados a todas las instituciones obligadas por la Ley de Transparencia en los tres niveles de gobierno.

Así, por ejemplo, en Coahuila hay instituciones con calificación de 0.00 y otras cercanas al 0.90, mientras Colima tiene sus menores escalas en el rango de 0.10 y las mayores cercanas al 0.60 y un promedio de apertura inferior al 0.40.

Destaca que hecho de que las instituciones del ámbito federal tienen también instituciones con índice 0.00 de gobierno abierto y otras con más de 0.80 y un promedio general cercano al 0.45.

El estudio señala que estas cifras, evidencian la necesidad de cerrar brechas entre los diferentes tipos de sujetos obligados, sus dinámicas y lógicas particulares de trabajo, además de que tanto en la federación como en los estados, existen condiciones para desarrollar la práctica de la apertura gubernamental.

«A pesar de las diferencias (en las calificaciones obtenidas) en ningún caso puede hablarse de la difusión generalizada de los principios y prácticas de gobierno abierto entre todos los sujetos obligados de una determinada jurisdicción».

No obstante, en todos los estados existe por lo menos una institución que obtiene una calificación aprobatoria en el índice de gobierno abierto, es decir, de 0.60 y en varios casos cercana al estándar satisfactorio, es decir, superior al 0.80.

El reto de tratar al mismo tiempo temas básicos y de vanguardia, dadas las brechas entre instituciones en los estados, implicará el desarrollo de estrategias y políticas públicas distintas en los próximos años para cada entidad, para garantizar «un ejercicio estandarizado del derecho de acceso a la información».