El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, aseveró que en el Poder Judicial de la Federación (PJF) no se acepta ninguna forma de corrupción, ni en el uso de los recursos presupuestales, ni en el comportamiento de los integrantes.

Durante la inauguración del seminario Diálogos para la justicia abierta, mencionó que la transparencia inhibe la corrupción y mejora la prestación de los servicios.

Explicó que en el PJF están convencidos de que el acceso a la información pública es un requisito indispensable para el funcionamiento de la democracia y una herramienta trascendental para la rendición de cuentas.

La transparencia resulta decisiva para fortalecer la legitimidad de las instituciones de impartición de justicia mediante el incremento de la confianza de la sociedad en ellas.

En consecuencia, añadió, es un valor fundamental del Estado democrático de derecho y un mecanismo que debe ser resultado de la forma en cómo se gobierna, se administra y gestiona el Estado.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia refrendó la necesidad de impulsar las políticas de justicia abierta para la sociedad.

“Para el Poder Judicial de la Federación, promover la transparencia resulta de vital importancia dado que la información que generan los órganos de justicia, además de ser clara, accesible y útil, debe contribuir a mejorar la comunicación permanente entre jueces y la sociedad”, explicó.

Además, continuó, «debe fortalecerse la rendición de cuentas, garantizar el constante perfeccionamiento del servicio y contribuir a la construcción de confianza y legitimidad del sistema de justicia”.

Manifestó que en materia de gobierno abierto está marcado específicamente en la fracción II del Artículo 67 de la Ley Federal, que dispone que compete a los órganos del Poder Judicial propiciar el acceso al público a audiencias y sesiones en las que se resuelvan los asuntos jurisdiccionales, conforme a la legislación aplicable.

Además favorecer mecanismos de acceso público en las sesiones de los órganos colegiados administrativos, siempre que la propia naturaleza lo permita; procurar la utilización de lenguaje sencillo en las resoluciones; implementar plataformas electrónicas y otras herramientas que permitan la interacción de la sociedad frente a la actuación jurisdiccional.

Por último, instituir un grupo de trabajo con la sociedad que posibilite la interacción permanente, la detección de áreas y establecimientos de políticas de apertura institucional.

Aguilar Morales reiteró que entre las acciones implementadas en materia de justicia abierta, la Corte lleva a cabo la trasmisiones en vivo de las sesiones, la entrada de la página de Internet donde se publican todas las resoluciones, las publicaciones en materia de transparencia, las políticas de accesibilidad a Internet y la reciente incursión a las redes sociales.

“La justicia abierta responde a la necesidad de reducir brechas entre el gobierno y la sociedad. En este sentido, los desafíos que el PJF tiene frente así son de muy diversa índole y, desde luego, no se constriñen a lo normativo. Considero que, de este abanico de retos, existen algunos que merecen especial atención en el corto y mediano plazo”, agregó.