La Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión para la Industria de Vinos y Licores (CIVyL) acordaron establecer mecanismos de intercambio y coordinación para salvaguardar la salud de los consumidores.

En un comunicado, la Profeco expuso que ambas partes acordaron acciones conjuntas para evitar que se ofrezcan al público bebidas irregulares en diversos establecimientos como restaurantes, bares y hoteles.

Para tal efecto, el organismo defensor de los consumidores recibirá información para focalizar sus verificaciones y evitar la venta de productos que no cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas o representen riesgos para la salud de la población, en especial en las llamadas “barras libres” o conceptos “todo incluido”.

Asimismo, participará en acciones conjuntas con otras dependencias para detectar bebidas provenientes del mercado informal, adulteradas o que no cumplen con las reglas de etiquetado y que al comercializarse constituyen un riesgo potencial para quienes las consumen.

También se establecerá un programa de verificaciones aleatorias en todas las entidades del país para combatir la venta de alcohol a menores de edad, así como la venta de bebidas irregulares y adulteradas en establecimientos.

La Comisión para la Industria de Vinos y Licores, que agrupa a empresas que representan cerca de 60 por  ciento del volumen de venta de estas bebidas en México, estimó a su vez que en el país existen cerca de 153 millones de litros de bebidas alcohólicas destiladas en el mercado informal.

El acuerdo fue resultado de una reunión de trabajo encabezada por el titular de la Profeco en funciones, Rafael Ochoa Morales, y el director general de CIVYL, Gerardo Ancira.