La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) informó que detectó el ejercicio indebido de 663 millones de pesos en el programa de Escuelas de Tiempo Completo, lo cual derivaría en la presunta comisión de conductas ilícitas como peculado, cohecho, negociaciones indebidas y otras.

En un comunicado, señaló que estos hechos implicarían la colusión de por lo menos 30 personas, entre servidores públicos y particulares en su carácter de proveedores.

Indicó que este ejercicio indebido fue descubierto por una observación que se recibió de la Federación, por un faltante de 41 millones de pesos en el ejercicio de la Coordinación de Escuelas de Tiempo Completo.

Añadió que por los hechos se inició ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, el día 23 de marzo del 2017, la carpeta de investigación número 12-2017-03698, la cual actualmente está muy avanzada y en próximos días debería de estar judicializada por dicha dependencia.

La SEPH mencionó que  al aportar elementos de prueba para dicha investigación,  en colaboración con la Subsecretaría de Administración y Finanzas y la Coordinación de Escuelas de Tiempo Completo, ambas de la Secretaría de Educación Pública del Hidalgo, hallaron inconsistencias en la organización, manejo y comprobación del ya citado programa escolar.

Por lo anterior, la secretaria de Educación Pública de Hidalgo, Sayonara Vargas Rodríguez, ordenó que se realizaran las investigaciones necesarias respecto a las inconsistencias encontradas.

Cabe destacar que Escuelas de Tiempo Completo es un programa que además de dar clases a las alumnas y los alumnos, les proporciona alimentación, por lo que se requiere de la proveeduría de todo lo relacionado con el equipamiento de las escuelas y la adquisición de alimentos para su funcionamiento en los 664 centros educativos que forman parte actualmente de esta estrategia educativa.

La Secretaría dijo que se detectaron las siguientes formas de operación: el manejo sin comprobación de las cuentas matrices; la expedición de cheques para el retiro de los fondos sin que se hayan entregado los mismos a los beneficiarios; el pago de salarios de nóminas no comprobadas; la existencia de «alumnos fantasmas» en ciertas escuelas.

Asimismo, la entrega de adquisición de alimentos en la regiones del estado con proveedores que reintegran diezmos o dádivas a los funcionarios públicos a cambio de sobrefacturar o entregar alimentos de poca o nula calidad para los alumnos.

También el uso de gastos de operación injustificables como gasolinas, vehículos y viáticos; la facturación de eventos sociales sin que estos se hayan realizado y la alteración y falsificación de documentos comprobatorios.

Todo lo anteriormente expuesto, indicó la dependencia, sucedió de forma sistemática en función de la organización de los diversos niveles y áreas que tenían que proteger dichas actividades, tales como directores del programa, directores de escuela, coordinadores de servicios regionales y proveedores.

Señaló que derivado de lo anterior, hoy se inició la carpeta 12-2017-09838 ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, contra diversos servidores públicos y particulares, para que dicha red de corrupción quede completamente deshabilitada y pueda sancionarse conforme a derecho corresponda.