El senador Ernesto Cordero Arroyo, del PAN, se pronunció en contra de la eliminación del Capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en materia de solución de controversias, en el marco de las próximas negociaciones para su modernización.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión discutirá y votará este miércoles un punto de acuerdo en ese sentido, aprobado en comisiones, que presentó el senador Cordero con el respaldo de legisladores de diversos partidos.
Ahí se exhorta a la Secretaría de Economía a que rechace la pretensión del representante comercial de Estados Unidos de eliminar dicho Capítulo 19.
Durante la discusión del dictamen, Cordero Arroyo indicó que el Gobierno de Canadá manifestó ya su rechazo a cualquier intento de eliminación del mecanismo.
En su propuesta, el senador explicó que de proceder dicha eliminación el gobierno mexicano estaría aceptando que los diferendos respecto a antidumping, subvaluación y salvaguardas sean resueltos de acuerdo a las leyes estadunidenses.
Señaló que el Capítulo 19 del TLCAN establece un mecanismo que ofrece una alternativa a la revisión judicial, por parte de los tribunales nacionales, de las resoluciones definitivas en casos de cuotas antidumping y compensatorias, al proponer una revisión a cargo de paneles nacionales independientes.
Dicho apartado fue una contribución de Canadá al Acuerdo Comercial, que obliga a someter a paneles de arbitraje cualquier medida o acción antidumping que se procese al interior del Tratado, abundó.
Detalló que, si bien las disposiciones adoptadas por un panel conformado en virtud del Capítulo 19 son vinculantes, existe un procedimiento de impugnación a cargo de un Comité de Impugnación Extraordinaria (CIE).
La impugnación no es una apelación de derecho, sino una salvaguarda para preservar la integridad del proceso de paneles, agregó.
Por todo lo anterior, reiteró Cordero Arroyo, aceptar la pretensión estadunidense de eliminar el Capítulo 19 del TLCAN llevaría a que los diferendos respecto a antidumping, subvaluación y salvaguardas sean resueltos de acuerdo con las leyes de ese país, por lo que la Secretaría de Economía debe rechazarla.

